Una denuncia promovida por Democracia Real Ya Tenerife y hecha extensiva a todo el Movimiento 15M será llevada a la Fiscalía General del Estado el próximo 15 de septiembre para pedir a la Justicia que investigue el presunto trato de favor dado por la Agencia Tributaria al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y a parte de su familia tras conocérseles cuentas en Suiza no declaradas en España.
Democracia Real Ya Tenerife ha informado en una nota de prensa de que la denuncia se hace eco de la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de otra denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental al no haber presentado éstos las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
Dicha plataforma ha recordado que este asunto se supo a raíz de la información filtrada por un exempleado del banco suizo HSBC a las autoridades francesas y de éstas a las autoridades españolas, con documentación confidencial de presuntos evasores fiscales con más de 3.000 cuentas en Suiza en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
Según Democracia Real Ya Tenerife, “lo que se viene a denunciar ante la Fiscalía General del Estado es que la Agencia Tributaria, en lugar de proceder a investigar y sancionar como correspondería a esas grandes fortunas españolas con cuentas secretas en Suiza, entre los que se encontraban Emilio Botín y buena parte de su familia, procedió a avisarlos para que regularizaran su situación, ofreciéndoles así una segunda oportunidad para pagar voluntariamente lo que habían ocultado a la Administración española”.
“Este trato de favor es tan grave que hasta los propios técnicos del Ministerio de Hacienda de organizaciones como IHE o Gestha así lo han denunciado, aduciendo que se les dio a estas personas una segunda oportunidad para pagar que no se ofrece al resto de ciudadanos”, agregan.
Para esta plataforma, “semejante trato de favor precisamente a quienes más tienen, además de suponer un claro perjuicio para la Hacienda Pública al no ingresar ésta lo que correspondería por las subsiguientes sanciones, es también un ofensivo agravio comparativo hacia el resto de ciudadanos, que teniendo economías más precarias no disfrutan de este privilegio cuando incurren en irregularidades en las declaraciones de Renta y Patrimonio”.
La denuncia pide a la Fiscalía que investigue la posible concurrencia de ilícito penal como la prevaricación o el tráfico de influencias en el mencionado trato de favor y estará abierta a que cualquier ciudadano o colectivo la firme y difunda para ser presentada ante la Fiscalía General del Estado.