El Gobierno canario ha ampliado el plazo para que cabildos y empresarios se pronuncien sobre la ley de medidas urgentes hasta quince días, pues en ambos colectivos han manifestado que una semana no es tiempo suficiente para valorar los aspectos y consecuencias de la nueva norma.
Así lo afirmó este lunes el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, tras reunirse con los representantes empresariales de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), que mostró su máxima colaboración para realizar aportaciones que enriquezcan la norma.
El presidente de la CCE, Sebastián Sánchez Grisaleña, explicó que el empresariado valora el borrador en un “porcentaje importante”, aunque se realizarán sugerencias con el objetivo de enriquecerla y lograr una ley consensuada pues afecta al “futuro” de las Islas.
Lo principal, aseguró, es “no consumir territorio”, aunque hay cuestiones no contempladas en el borrador que confió que sean recogidas por el Gobierno y lograr que, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada isla, se consiga una norma “interesante para todas”.
Berriel agregó que la intención del Ejecutivo es integrar aquellas aportaciones que hagan que la norma, sin desvirtuarse, resulte mejorada.
Agradeció el “grado de responsabilidad” de los agentes sociales y económicos consultados hasta el momento porque de entrada ponen el “acento” en los aspectos positivos de la norma y en la necesidad de contar con ella.
Subrayó que la ley de medidas urgentes se enmarca en una reforma mayor que tiene como objetivo simplificar el acerbo legislativo que afecta al suelo, pues su complejidad “abigarra” todos los procedimientos.
A pesar de que la ley de medidas urgentes es menor, tiene “una gran trascendencia”, aseveró.
En cualquier caso, recordó que el Ejecutivo pretende enviar la nueva norma al Parlamento antes del verano y cuanto más tiempo tenga para analizar las alegaciones mejor.
Berriel agregó que las normas para la reforma del entramado legislativo que afectan al suelo se hará con más sosiego, por lo que pidió a los agentes consultados realizar aportaciones a la de medidas urgentes “sin pausa pero con la prisa necesaria”.
En cuanto a las segundas residencias, recordó que se trata “de una aportación hecha en un foro técnico que se remitió tal cual porque la UE pidió la opinión de expertos sobre los problemas del territorio” y una de las sugerencias apuntaba la necesidad de estudiar el efecto de estas viviendas en el territorio, pero “simplemente se trata de que se hagan los estudios”.