El Gobierno de Canarias retiró depósitos por valor de 636 millones de euros del Banco Popular los días previos a la caída de la entidad, que el pasado 7 de junio fue intervenida por el regulador europeo y traspasada al Santander por el precio simbólico de un euro.
El director general del Tesoro del Gobierno de Canarias, Javier Armas, ha confirmado este martes a Efe que la comunidad autónoma retiró de sus cuentas en el Popular 400 millones de euros el viernes 2 de junio y otros 232 millones el lunes 5, como adelanta Expansión.
Javier Armas ha reconocido que la Consejería de Hacienda del Gobierno canario venía siguiendo hace tiempo “con preocupación” la evolución del Banco Popular, que llevaba días desplomándose en Bolsa por las dudas sobre su solvencia, por lo que tomó esa decisión movida por “razones de prudencia y responsabilidad”.
“No se trata de depósitos de ninguno de nosotros, sino de recursos públicos que pertenecen a todos los canarios. Y creíamos que corrían cierto riesgo”, ha remarcado.
Hasta ese momento, el Gobierno de Canarias tenía en el Banco Popular el 40% del dinero que guarda en cuentas de entidades financieras, una concentración de fondos que responde a una larga trayectoria de colaboración con esa entidad, que tradicionalmente era la que mejor retribuía los depósitos.
El Gobierno de Canarias invita regularmente a todas las entidades bancarias con las que tiene convenios -prácticamente todas las que tienen oficinas en las islas- a que le hagan ofertas por depositar en sus cuentas sus posiciones de tesorería.
Pero en el actual contexto de tipos de interés, subraya Armas, la mayoría de entidades no ofrecen ningún rendimiento a cambio de captar los depósitos de instituciones como el Gobierno canario.
En el momento en que retiró sus fondos del Popular, esta entidad pagaba al Gobierno canario un 0,30% de interés con liquidación trimestral, el cuádruple de lo que ofrecía la siguiente entidad que mejor retribuye sus depósitos, un 0,08%.
Este portavoz de la Consejería de Hacienda ha recordado, además, que como cliente institucional que era, los fondos que el Gobierno canario tenía en el Popular no estaban garantizados por los mecanismos que garantizan los depósitos bancarios de los particulares.
Además, temían que podrían producirse algún tipo de intervención por parte de los reguladores del sistema bancario europeo con “una letra pequeña” que desconocían.