El Gobierno de Canarias rechazará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública si continúa sin dar una respuesta satisfactoria a las autonomías “cumplidoras”.
En un comunicado la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, precisa que las comunidades autónomas y corporaciones locales cumplidoras necesitan aplicar su superávit en los presupuestos para mejorar los servicios públicos esenciales.
Sobre la incorporación de esos fondos, que en el caso de Canarias ascienden a 598 millones de euros, Rosa Dávila descartó que deban destinarse a inversiones financieramente sostenibles “que además dependen de si las autoriza o no el Ministerio de Hacienda”.
“La población necesita que ese dinero sirva para áreas tan importantes como la sanidad, las políticas sociales o la educación”, insiste Dávila, quien sostiene que utilizar el superávit para inversiones financieramente sostenibles no es la solución.
De hecho, las corporaciones locales, que se han visto afectadas por la limitación de la regla de gasto antes que las autonomías, ya han reclamado que se revisen los criterios estrictos para el destino del superávit y que se consideren las necesidades reales, asevera.
Dávila defiende que el superávit no debe utilizarse para gastos extraordinarios sino para las verdaderas necesidades de la ciudadanía, es decir, para los servicios públicos esenciales, y apunta que el Gobierno central tiene una oportunidad para compensar a las autonomías cumplidoras, sobre todo teniendo en cuenta que se han paralizado los trabajos para la revisión del nuevo Sistema de Financiación Autonómica cuyo fin es precisamente el de sufragar el coste de la sanidad, la educación y las políticas sociales.
La consejera critica que el Ministerio vaya a mantener mañana la propuesta que ya puso sobre la mesa hace un mes y no se plantee atender la reivindicación que hacen algunas comunidades autónomas, reivindicación que lidera Canarias.
La responsable canaria de Hacienda añade que negarse a la posibilidad de no territorializar la regla de gasto es alargar una injusticia con las comunidades autónomas que, como las islas, se han esforzado durante años para cumplir con los objetivos de estabilidad y de deuda pública.
Rosa Dávila recuerda que la Comunidad Autónoma ha cumplido “siempre”, desde hace más de cinco años, con los objetivos estabilidad, ha presentado un déficit inferior al conjunto de las autonomías y su deuda pública es un 30% más baja que el conjunto de las comunidades.
“Son datos que demuestran que Canarias se ha esforzado por cumplir con la ley, a pesar del maltrato recibido a través del sistema de financiación autonómica y por eso es tremendamente injusto que la regla de gasto limite ahora nuestra capacidad aplicar en las cuentas unos fondos que son nuestros”, advierte.
Agrega que basta con revisar el grado de cumplimiento de los objetivos de déficit de las distintas administraciones en 2017 para darse cuenta “de la injusticia que se está cometiendo”.
Mientras que el déficit de la Administración central supera el límite establecido en la ley en ocho décimas y la Seguridad Social lo hace en un punto, las autonomías se quedan tres puntos por debajo y las corporaciones locales, tres y en el caso concreto de Canarias, siete décimas menos.
Añade que el pasado 25 de julio Canarias hizo llegar a la ministra María Jesús Montero un informe, elaborado por los técnicos de la Consejería de Hacienda y por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en el que se identifica y detalla la fórmula que debe aplicarse para permitir la territorialización de la regla de gasto sin tener que modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Con esta fórmula, que contempla que se estudie la situación de cada Comunidad Autónoma, se permitiría adaptar la regla de gasto a las necesidades reales de cada una de ellas, sostiene el Gobierno canario, y además el Ministerio daría respuesta a las recomendaciones reiteradas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que también estará presente mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.