A la cola del Estado en numerosos indicadores sociales, como la tasa de riesgo de pobreza, la renta anual, la atención a la dependencia, la educación de 0 a 3 años o las listas de espera sanitarias, la Comunidad Autónoma de Canarias presume, no obstante, de gozar de buena salud económica. El partido de gobierno, Coalición Canaria (CC), alardea de ahorro y de convertir al Archipiélago en una de las regiones más cumplidoras con las reglas de gasto, hasta el punto de cerrar con un superávit de 295 millones de euros el último ejercicio fiscalizado, el de 2017. Sin embargo, el reciente informe de la Audiencia de Cuentas, el órgano externo de control de la actividad económica y financiera de la administración regional y de las corporaciones locales, pone en entredicho los números del Ejecutivo.
De las conclusiones de ese informe, elevado a definitivo el pasado 18 de diciembre tras las alegaciones de los organismos auditados, se desprende que el Gobierno regional falseó sus cuentas en 2017 inflando los ingresos al computar deudas de dudoso cobro, cuando no prescritas, con su consecuente repercusión en el remanente de tesorería, es decir, en la liquidez de la comunidad autónoma y, por lo tanto, en el tan cacareado superávit.
El órgano fiscalizador concluye que, con los cálculos correctos, realizados bajo el principio de prudencia, el remanente de tesorería no arrojaría un valor positivo, sino negativo, lo que implica, a su vez, que el superávit se convertiría en déficit, aunque sin comprometer el cumplimiento de los objetivos fijados por el Estado en 2017, cifrados en el 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB), esto es, una desviación admitida de 265 millones en las Islas.
La clave de este maquillaje se halla en los denominados derechos pendientes de cobro, en el listado de deudores de la comunidad autónoma. La Audiencia de Cuentas pone de manifiesto, en primer lugar, la existencia de deficiencias en la información contable, ya que los datos de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) sobre la aplicación de los impuestos no coinciden con los que maneja la intervención general de la administración autonómica. Este desfase es relevante desde el punto de vista de la contabilidad, ya que los ingresos tributarios representan más del 40% del total de la comunidad. Por lo tanto, el órgano fiscalizador entiende que “no es posible emitir una opinión sobre la veracidad de los saldos deudores que figuran en la cuenta de las rentas públicas”. Un saldo que, por otra parte, no ha parado de incrementarse durante los últimos ejercicios presupuestarios.
El Gobierno de Canarias cuantifica en 626 millones de euros los ingresos pendientes de cobro. De ellos, calcula que 13,2 millones, apenas un 2,1% del total, son incobrables por determinadas circunstancias , como la prescripción de la deuda o la insolvencia del deudor.
Se trata, según la Audiencia de Cuentas, de una provisión por insolvencia “anormalmente baja”, que incumple una resolución de enero de 2002 de la Intervención General, que establece el cálculo sobre la base del porcentaje de “fallidos” (deudas de difícil o imposible recaudación) en una serie temporal histórica. Entre los años 2014 y 2017, la administración regional solo percibió el 13,05% en este apartado, lo que significa que, según esa instrucción, y teniendo en cuenta que el pendiente de cobro de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 407 millones de euros, la cifra de esa provisión debió situarse en 354 millones, muy por encima del remanente de tesorería contabilizado por el Gobierno (289 millones, de los cuales 145 son de libre disposición) y del superávit (295 millones).
La Audiencia de Cuentas realiza otro cálculo bajo los parámetros que siguen los cabildos y los ayuntamientos en cumplimiento de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la que no está sujeta la administración autonómica. Y también en este caso la cifra difiere de manera considerable con respecto a su provisión, ya que se elevaría hasta los 315 millones de euros. A modo de ejemplo, el órgano de control recoge los números de los cabildos, que excluyen de la previsión de ingresos un 42% del pendiente de cobro, 64,5 millones de un total de 153,5. La conclusión es contundente: “La Comunidad Autónoma no dispone de remanente de tesorería de libre disposición”. Una situación que compromete la solvencia financiera de la administración y su capacidad para hacer frente a pagos y deudas.
A ello se le une la resolución dictada por la Agencia Tributaria Canaria el pasado mes de septiembre, según la cual todas las deudas pendientes de cobro anteriores al año 2012, que suman 201 millones de euros, deben darse de baja en la contabilidad. La Audiencia de Cuentas recuerda que el Gobierno de Canarias destinó 108 millones de euros a créditos extraordinarios o suplementos de créditos con cargo a esos 145 millones del remanente de tesorería falseado. Modificaciones que, por lo tanto, “nunca debieron contabilizarse”.
El órgano fiscalizador cuestiona, en definitiva, uno de los principales indicadores de la salud económica del Archipiélago, el remanente de tesorería, y, consecuentemente, el superávit que CC ha blandido como ejemplo de buena gestión y como reivindicación para poder invertir en servicios públicos. La reforma del artículo 135 de la Constitución introdujo en 2011 una regla fiscal para limitar el déficit público en todas las administraciones públicas. Hasta marzo de 2018, el superávit solo podía dedicarse a la reducción del nivel de endeudamiento. Sin embargo, a partir de esa fecha, el Ejecutivo central permite volcarlo en un catálogo de inversiones financieramente sostenibles (que no generen gasto a futuro).
El diputado del PSOE Iñaki Lavandera subraya que, a pesar de la insistencia de CC en esa reivindicación y de la posibilidad de utilizar los 145 millones de euros de ese supuesto remanente de tesorería de libre disposición, el Gobierno de Canarias gastó menos de 30 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles el año pasado. Una pequeña cantidad, cercana a los 3 millones de euros, en el programa informático Seflogic para la Consejería de Hacienda. Y la mayoría, 24,6 millones, para equipamientos sanitarios. Entre ellos destaca una inversión de 9 millones de euros para la adquisición de los polémicos robots quirúrgicos Da Vinci para los cuatro hospitales de referencia del Archipiélago. Como manifestó el propio Lavandera en sesión parlamentaria, se trata de la tecnología más cara del mercado y tiene un “limitado beneficio” para el conjunto de pacientes, ya que solo se benefician de su principal ventaja, la precisión en intervenciones complicadas, un reducido número de casos.
“Las inversiones financieramente sostenibles no son una herramienta eficaz para mejorar los servicios públicos”, manifestó recientemente en una comparecencia en el Parlamento de Canarias la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
Subvenciones y FDCAN
El órgano fiscalizador de la cuenta general de la Comunidad Autónoma incide también en la elevada cantidad de subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar. A fecha de 31 de diciembre de 2017, ascendían a 439,7 millones de euros sin que el Gobierno de Canarias “haya iniciado las medidas necesarias para analizar, depurar y/o reclamar los importes que se hallan en dicha situación”. Dávila aseguró la pasada semana en la Cámara regional que desde abril de 2017 a julio de 2018 el departamento que dirige logró depurar 40 millones de euros por ese concepto.
La Audiencia de Cuentas también pone el foco en los proyectos desarrollados a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para aconsejar al Ejecutivo que abandone la senda iniciada, ya que cerca de un 80% de ellos estuvo destinado a inversiones en infraestructuras incluidas en el catálogo de inversiones financieramente sostenibles que, por lo tanto, podían haber sido ejecutadas por los propios ayuntamientos y cabildos con el superávit que presenta la mayoría de las corporaciones locales de Canarias.
“Con las limitaciones establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tenderemos a unas corporaciones locales cada vez con mayores superávits, cuyas competencias son soportadas, en parte, con fondos propios de la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que presenta actualmente un remanente de tesorería negativa”, expone el órgano de control económico y financiero.
Tanto el PSOE como Nueva Canarias (NC), partidos que solicitaron la comparecencia de Dávila en el Parlamento para que explicase el maquillaje de datos detectado por la Audiencia de Cuentas, han acusado al Gobierno regional de utilizar los 160 millones anuales del FDCAN, procedentes de la supresión del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE), para “comprar voluntades” con “políticas clientelares” en las corporaciones locales en vez de destinarlo a servicios sociales.