MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha dirigido una carta de tres páginas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le insta a interceder ante el Grupo Popular para que modifique la reforma laboral en el Senado y se excluya de la posibilidad de despedir a empleados públicos por causas técnicas, organizativas y de producción a aquellos que obtuvieron su plaza mediante oposiciones.
La organización también ha remitido la misiva a los presidentes de las comunidades autónomas para que los barones 'populares' también intervengan coincidiendo con el trámite final de la reforma y ésta incorpore una enmienda 'in extremis'.
La carta enviada incluye el texto que el sindicato pide añadir a la disposición adicional segunda de la reforma, por la que, según señala, se abre la puerta al despido de 700.000 trabajadores en el conjunto de las administraciones públicas pese a haber aprobado unas oposiciones.
“Que en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional segunda, sea de aplicación al personal laboral que ha adquirido esta condición por el procedimiento selectivo de ingreso establecido al efecto”, puntualiza el sindicato.
De esta manera, CSI-F señala la necesidad de acordar una redacción alternativa “que deje claro que el acceso mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleados Público, sea elemento diferenciador”.
En el argumentario que CSI-F incluye en la carta, el sindicato recuerda que “el actual déficit que atraviesa España no ha sido generado ni por los servicios públicos ni por sus empleados”, que, sin embargo, “han ocupado páginas y páginas en los medios de comunicación, como si fueran la causa y la solución viniera de la destrucción de la calidad en los servicios públicos y con la degradación de las condiciones laborales”.
“Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean bajar el sueldo a los empleados públicos, ni reducir una administración con un tamaño homologable a los estándares europeos”, añaden, para apostillar que “probablemente los 'mercados' tengan más información que los ciudadanos sobre las causas de la actual situación y vean que las medidas adoptadas sobre la función pública no hacen sino generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con una contraproducente repercusión al provocar un importante descenso del consumo”.
Asimismo, CSI-F pone el acento en “muchos gastos realizados por las administraciones públicas en muchos conceptos que no son servicios públicos” o en “algunas empresas públicas que sólo existen para burlar los controles públicos del gasto y de la contratación”.