Prevé actuar sobre la edad de acceso y los coeficientes reductores para desincentivar las jubilaciones anticipadas y parciales
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado un informe en el Consejo de Ministros en el que se plantea la posibilidad de que un trabajador pueda simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y un empleo por cuenta propia o ajena.
En rueda de prensa tras la reunión interministerial, en la que ha avanzado que este informe será remitido al Pacto de Toledo la próxima semana, Báñez ha planteado que esta fórmula permitiría cumplir con la recomendación de la UE de extender en lo posible la vida activa de los trabajadores y acercar la edad real de jubilación a la legal.
Según ha dicho, hasta 900.000 trabajadores alemanes se han acogido actualmente a esta fórmula, mientras que en España, donde ya se contempla la posibilidad, los inconvenientes hacen que sólo los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimos Interprofesional (SMI) recurran a ella.
Empleo plantea también que el nuevo régimen de compatibilidad exija que la edad de acceso a la pensión sea la ordinaria una vez que el periodo de cotización implique el cobro del 100% de la base reguladora.
El nuevo esquema se podría aplicar a todos los regímenes de la Seguridad Social y a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. Además, Báñez ha planteado que una vez terminada la transición el jubilado pudiera cobrar hasta el 105% de su pensión.
“Lo vamos a estudiar junto con los agentes sociales para ver si somos capaces con el consenso lograr la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”, añadió.
LIMITAR LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS Y PARCIALES.
Por otro lado, Báñez ha recalcado la necesidad de endurecer el acceso de la jubilación parcial y anticipada para que no supongan un alto coste para la Seguridad Social y para acercar la edad real de jubilación, que se sitúa en los 63,5 años a la a la legal de 65 años.
En este sentido, el informe presentado también se encamina a abrir un debate sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada o el establecimiento de coeficientes de reducción de la pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización previos requeridos para acogerse a estas modalidades.
Así, Báñez, que recordó que la reforma de las pensiones establece un marco temporal entre 2013 y 2027 para ampliar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, ha recalcado que actualmente la edad real ni siquiera llega a ese mínimo.
Según ha indicado, el informe presentado revela que tras este desajuste se evidencia, por ejemplo, que una de cada dos jubilaciones en el Régimen General de la Seguridad Social es anticipada, una modalidad cuyas altas se han incrementado en un 31% desde el inicio de la crisis en 2007.
Así, la jubilación anticipada, que permite al trabajador abandonar la empresa con 61 años, si es forzado por la empresa, o con 65 años, si es de forma voluntaria, afectó en 2011 a 383.900 personas, con una pensión media de 1.356 euros, con un coste anual de 7.288 millones.
En el caso de la jubilación parcial, que permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años, sin coeficientes reductores, con una reducción de jornada que es compensada con un trabajador relevista, el número de jubilados ascendió ese año a 120.952, con una pensión media aún mayor, de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de euros al año.
CASOS “ABUSIVOS” EN LA JUBILACIÓN PARCIAL.
Ante esta realidad, Báñez ha indicado que en el Pacto de Toledo “se van a debatir alternativas” operando sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada, el periodo mínimo de cotización requerido, que se sitúa en 33 años, y los coeficientes reductores, de forma que evolucionen de forma similar con los cambios introducidos en la reforma de las pensiones para el acceso a la pensión ordinaria.
En la misma línea, para la jubilación parcial, que exige un periodo de cotización previo de 30 años, frente a los 33 para la jubilación ordinaria, Báñez ha destacado que en este caso ni siquiera se contemplan coeficientes reductores, a lo que ha añadido que en muchos casos el contrato de relevo se está haciendo con carácter temporal lo que está llevando a “situaciones abusivas”. “Hay que darle una pensada”, ha añadido.