El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) de La Palma, Juan Crispo, ha denunciado que por las carreteras de Isla están circulando camiones distribuyendo 400.000 kilos de uva procedentes de la Península. Uno de esos camiones llegaba esta mañana al municipio de San Andrés y Sauces, según ha podido saber ACN Press. Uva foránea de la que se desconocen los productos fitosanitarios que han sido utilizados para su cultivo, si es que se han utilizado. Se desconocen también los controles a los que se ha sometido la uva ni las garantías que puede ofrecer para su consumo.
Desde el CRDO Vinos La Palma, advierten del peligro que esto supone para el futuro del sector que queda expuesto a posibles plagas procedentes del exterior amenazando cepas centenarias como es el caso del Malvasía y otros varietales únicos. La importación de esa uva es una práctica legal pero es el tratamiento que se le da una vez llega a la isla lo que pone en serio riesgo el futuro del sector vitivinícola.
Crispo ha dado la voz de alarma porque en la Isla “no hay ninguna inspección vegetal y no sabemos si tienen los certificados correspondientes que garanticen que esa uva está en buenas condiciones”. Una uva que se utilizará para la elaboración de vinos de mesa pero que, en ocasiones, puede llegar a ofrecerse como vino local.
“Nos preocupa que se estén haciendo importaciones sin ningún control” afirma Juan Crispo que estima en “aproximadamente 400.000 kilos de uva” las que han llegado, una cifra que se eleva hasta el millón de kilos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El Consejo Regulador se pregunta qué se va a hacer con esa uva y qué trato se le va a dar. El vino, finalmente, llegará al consumidor y es, precisamente en este punto, donde no se pueden establecer garantías tras su consumo al carecer de trazabilidad.
Crispo insiste en que el consumidor, no solo al consumo de un vino de menor calidad, sino a una posible intoxicación, ya que “no tiene una etiqueta que diga dónde fue elaborado, con qué técnicas, que productos se han utilizado para su elaboración; si existiese algún problema, no se sabe a quién hay que reclamar o de quién es la responsabilidad porque no está identificado”.
Esta práctica supone un negocio de un millón de euros, según el CRDO. “Son personas o empresas de las que tiene que tener conocimiento la Administración” a la que piden “que estemos en igualdad de condiciones”. Y es que una bodega adscrita a una Denominación de Origen está sujeta al cumplimiento de unos requisitos estrictos y a las inspecciones de los técnicos del Consejo Regulador correspondiente, sea de la Isla, del Archipiélago o de cualquier punto de la Península.
Asimismo, las bodegas están obligadas a mantener la documentación con los análisis de los caldos elaborados por un laboratorio autorizado, homologado a nivel europeo que, en ningún caso, podrá ser el de la propia bodega. Un análisis químico cuyos resultados deben estar a disposición de las inspecciones que soliciten la documentación del lote que se encuentra en ese momento en el mercado. Exigencias a las que no están sujetos los vinos elaborados a partir de esta uva que llega del exterior.
Mercado ilegal
Desde el Cabildo de La Palma aseguran que la entrada de uva es legal pero que debe ser distribuida como vino de mesa. “Si se vende como vino del país se comete una ilegalidad”, explica el consejero insular de Agricultura, César Martín (CC) que reconoce que, una vez que llega a la Isla, “no hay control” sobre esa uva.
El Consejo Regulador, el consejero insular de Agricultura, César Martín, y el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino, se reúnen mañana en Santa Cruz de La Palma para establecer las competencias de cada una de las administraciones y las posibles soluciones.