MADRID/SANTIAGO, 7 (EUROPA PRESS)
El que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso recurrirá en reforma la imposición por parte del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de fianzas que superan los 10 millones de euros a cuatro exdirectivos de esta entidad respecto de las cuales se le tiene como responsable civil solidario.
Así lo han manifestado a Europa Press fuentes de su defensa, que ejerce el despacho Gómez Acebo y Pombo. Las fianzas han sido impuestas para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles en que pudieran incurrir en la causa que investiga su posible responsabilidad penal por las prejubilaciones millonarias que recibieron.
Según el auto hecho público este martes, se imponen 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1.218.136,53 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al exdirector general de la caja única, José Luis Pego. Todas ellas son recurribles en reforma.
De no constituirse las fianzas, señalaba Moreno en su auto, “se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama”. La Ley señala que los querellados disponen de 24 horas para el depósito de estas cantidades desde el momento en el que la resolución, una vez sea firme, les sea notificada por sus defensas, según fuentes jurídicas.
Los exdirectivos, que prestaron declaración hace unos días ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
“COOPERACIÓN” DE GAYOSO
El magistrado justifica su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad a tenor de lo contenido en los informes periciales obrantes en la causa, de la que se desprende, “al menos por ahora”, que los cuatro exdirectivos “con la cooperación de Gayoso”, podrían haber actuado de forma delictiva aprovechando la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova “en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante, en menoscabo del patrimonio” de la entidad, que fue nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.
Así, percibieron “elevadas sumas dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad bancaria” al amparo del contenido de las mejoras introducidas por ellos mismos en los contratos de alta dirección.
Por ello, Moreno considera que al menos indiciariamente abusaron de las funciones de su cargo pese a conocer “la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia”.
Igualmente, el magistrado señala en su resolución que los imputados conservan su capacidad de actuar, así como la libre disposición de sus bienes, “con lo cual podrían eludir su posible responsabilidad patrimonial derivada de una actuación punible, lo cual podría frustrar, impedir o dificultar la efectividad de la tutela, y con ello el buen fin del proceso que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”.
COMIENZAS LAS TESTIFICALES
Por su parte, este jueves comienza la ronda de testigos en esta causa con la comparecencia de los inspectores del Banco de España a los que se preguntará sobre un informe que obra en las diligencias previas, según informaron a Europa Press fuentes personadas en la causa.
Además, Moreno ha citado para el próximo 16 de noviembre al actual presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo, y a partir del 13 de noviembre escuchará el testimonio de los tres vocales del Consejo de Administración que votaron en contra de las compensaciones investigadas.
Estos tres vocales son José Luis Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra, José Luis Regueiro, representante de CC.OO., y Miguel Argones, de Csica, rechazaron las dotaciones para esas retribuciones porque no se concretaba el contenido de las mismas, según declararon el pasado mayo ante la Fiscalía Anticorrupción.
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos “dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)”.
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su “verdadera” situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.