Vanyera3 sigue buscando vías para dar salida a su crisis. De ello dependen unos 1.500 puestos de trabajo directos y unos 700 acreedores, la práctica totalidad pequeñas empresas, que aglutinan unos 12.000 empleos. Tras una reunión de la directiva y el comité de empresa con el Gobierno de Canarias, éste se ha comprometido a hacerle de avalista para pedir un crédito a 15 años que sufrague la deuda de 29 millones de euros que arrastra la compañía.
Así lo comunicó este lunes el consejero delegado de Proexca, Diego León, en representación del Gobierno regional, quien, por lo tanto no va a intervenir aportando subvención a fondo perdido, sino avalando el crédito que la empresa va a obtener de las entidades financieras. El propio Ángel Marrero, presidente de Vanyera3, en rueda de prensa reconoció que no se pedía al Gobierno subvenciones, sino que sirviera de avalista.
Marrero, quien recordó que decidió tomar de nuevo las riendas de la sociedad “con el corazón y no con la cabeza”, aseguró que su máxima preocupación está en los numerosos puestos de trabajo que están en riesgo, así como servicios elementales (a guarderías, geriátricos, centros escolares, etcétera) que dependen de que se sufrague esta deuda.
En total, la deuda pesa sobre más de 700 acreedores, de los que cerca de 650 son pequeños y medianos proveedores (“el que vende la verdura, la fruta, el pan”, matizó Marrero, en referencia a mini-empresas, titulares de pequeñas explotaciones agrícolas o cooperativas agrícolas locales) que aglutinan unos 12.000 empleos.
La empresa ofrece como “contragarantía” el patrimonio de la sociedad, perteneciente a la familia Marrero, que se ha revalorizado en casi un 49% en el período en que fue gestionada por la sociedad de capital riesgo 3i, así como su firme convencimiento de que la empresa volverá a ser solvente.
El Consejo de Gobierno iniciará este martes el procedimiento para la modificación de la legislación en cuanto a la figura del aval institucional, y después pasar por el Parlamento, donde será objeto de debate.
En cuanto a los 29 despidos objetivos que, amparados en la Ley Concursal, ha efectuado la empresa, Alexis Rodríguez, presidente del Comité de Empresa, ha mostrado su satisfacción ya que la conciliación ha permitido que se resolviesen con mejores condiciones que las que permitía el proceso concursal. Así, en vez de bonificar a los trabajadores despedidos con 20 días por año trabajado, se ha acordado que finalmente sean 30 e incluso, en algunos casos, con la posibilidad de reincorporarse a su puesto si en el futuro fuera posible.