La Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias mantiene en el aire unos 52 millones de euros -cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el Gobierno central- destinados a cursos de formación para desempleados. Unos cursos que, siguiendo la norma de convocatorias anteriores, ya deberían estarse impartiendo, y que, sin embargo, este año aún están pendientes de adjudicarse. David Gómez, secretario general del Servicio Canario de Empleo, reconoció este miércoles el retraso.
Según ha podido comprobar este periódico, en ediciones precedentes, la convocatoria se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias en el mes de diciembre, adjudicándose los diferentes cursos en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, en esta ocasión, no ha sido hasta el 15 de abril cuando el BOC ha recogido la convocatoria de las acciones formativas dirigidas prioritarimente a trabajadores desempleados. Este miércoles aún siguen sin adjudicarse dichos cursos de formación.
Según explica el presidente de la Asociación Canaria de Centros de Formación (Acacef), Salvador García Carrillo, aunque la adjudicación se resuelva hoy mismo, los cursos ya acumularían un retraso de varios meses, reduciéndose casi a la mitad la duración de los mismos y, por tanto, obligando a casi duplicar el número de horas diarias de clase para poder impartir el temario completo.
García Carrillo lamenta que habiendo en el Archipiélago cerca de 250.000 desempleados, el Gobierno de Canarias mantenga parados 52 millones de euros destinados precisamente a la formación de personas sin trabajo.
El SCE justifica el retraso
Por su parte, el secretario general del Servicio Canario de Empleo, David Gómez, reconoció en El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, el retraso que denunciado por los centros de fomación. Sin embargo, Gómez justifica la demora, atribuyéndola a un cambio en la norma estatal que ha obligado a la administración regional a llevar a cabo un proceso de adaptación.
Al respecto, el secretario general del SCE explicó que en estos momentos el proceso de adjudicación se encuentra en fase de baremación de las solicitudes, debido a que la administración regional se ha visto obligada a adaptar dicho proceso al cambio de normativa estatal.
La oferta formativa prioritaria para el desempleo está cofinanciada por fondos del Estado y del Fondo Social Europeo -a través del Programa Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo-.