El consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, dijo este miércoles que “se está desatascando” el proceso para instalar la planta regasificadora en Tenerife y confía en que “a medio plazo” pueda desbloquearse la de Gran Canaria, para lo que habrá una reunión en dos semanas.
Así lo señaló el consejero en comisión parlamentaria, donde informó sobre los trámites de ambas plantas a petición del grupo Popular, cuyo diputado Manuel Fernández culpó del retraso en la de Gran Canaria al Cabildo de dicha isla y pidió al Gobierno regional que asuma sus competencias en este ámbito ante “la incapacidad” de la administración insular.
El consejero Jorge Rodríguez puntualizó que la competencia en esta materia corresponde al Gobierno central y el canario no la puede asumir a no ser que se reforme a tal efecto el Estatuto de Autonomía de Canarias o se transfiera este asunto a la Comunidad Autónoma.
Explicó que la planta de regasificación de Tenerife, que se instalará en Granadilla de Abona, obtuvo hace un año la declaración de impacto ambiental y está en vías de lograr el segundo paso, la autorización administrativa previa, y ambos trámites dependen del Gobierno central.
La autorización podría llegar “en días o semanas” para Tenerife, pero “otra cosa” es el proyecto de planta para Gran Canaria, que solicitó hace tres años y medio la declaración de impacto ambiental y el Ministerio del área “no ha dicho ni pío”, afirmó Rodríguez.
Desbloqueo a la planta de Arinaga
Para ello se ha previsto una reunión dentro dos semanas “aún sabiendo que las competencias en esta materia del Gobierno de Canarias han sido ejercidas y completadas”, señaló el consejero, quien confía en que la planta, que se instalaría en Arinaga, se desbloquee “a medio plazo”.
Destacó el consejero la cooperación en este ámbito de la Secretaría General de Energía, que ha aportado soluciones si bien es cierto que éstas han llegado después de que prosperase un proyecto similar para Baleares.
Además Rodríguez advirtió de que en Tenerife administraciones gobernadas por la misma formación, CC, han sido capaces de enfrentarse por este proyecto, pues la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar, se opone a la planta, que cuenta con el apoyo del Cabildo de la isla y de la Consejería regional.
Esto se debe a que las instituciones quieren que prevalezca el interés general sobre el municipal, pero esto “no ha sucedido en Gran Canaria”, afirmó el consejero.
El diputado popular Manuel Fernández criticó “el tremendo disparate en coste y seguridad” que a su juicio supone la propuesta del Cabildo de Gran Canaria de instalar en el mar la planta regasificadora, e ironizó sobre el hecho de que “si ya tenemos un montón de islas en Canarias, para qué queremos más”.
El culpable del retraso en la planta de Arinaga es el Cabildo grancanario “porque no sabe dónde la quiere” y esto ocasionará que dicha isla no pueda caminar al mismo ritmo que Tenerife y tendrá un retraso de entre cinco y diez años, según Fernández.
“Son políticos sin valentía alguna para defender los intereses generales de la población, sino para ganar las elecciones con
manifestaciones malas y contradictorias para el futuro de Canarias“, añadió el diputado popular.
A su juicio, esta situación “es un cachondeo porque nadie quiere hacer nada” y mientras en Gran Canaria van a tener que ver cómo en Tenerife se cuenta con una “magnífica” instalación de gas y allí siguen esperando “a ver si la hacen en la Luna y pueden traer la energía con un cordón umbilical a la Tierra”.
La diputada socialista Francisca Luengo aseveró que ha sido “el mal Gobierno” de CC y PP el que ha llevado al estancamiento del gas en Canarias, debido “a su abandono terrible e incapacidad”, así como a su “agilidad y destreza para echar la culpa a otros”.
Cuando se tarda tanto “las cosas se pudren y puede ser inservibles en 2008 las razones de 1989”, dijo Luengo en referencia al año de inicio de estos proyectos, y alertó de que los estudios pueden estar “totalmente obsoletos”.
Este es un problema complejo y difícil que debe liderarse a partir de la cooperación interadministrativa, al tiempo que se debe velar por la seguridad, que no haya impacto negativo ambiental y se logre el máximo autoabastecimiento energético, especificó Luengo.