El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha ampliado el plazo para el abono de los tributos a la importación de bienes en la modalidad de pago diferido hasta el 30 de junio, lo que permitirá una inyección de liquidez en la economía canaria de 100 millones de euros.
En un comunicado, Haciendo explica que ha firmado una orden que sustituye a otra anterior dictada el pasado 20 de marzo para permitir ampliar en otros dos meses más el abono de este tributo, tanto en lo que respecta al IGIC como al AIEM.
El también vicepresidente del Gobierno de Canarias ha recordado que una de las prioridades del Gobierno es la protección de las pymes y autónomos canarios que se encuentran en “una delicada situación” debido a la paralización de la actividad, por lo que una de las vías de ayuda consiste en el alivio de sus obligaciones fiscales para que puedan disponer de liquidez.
Por otra parte, la orden también autoriza, de forma transitoria y excepcional, el comercio electrónico de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos canarios, excepto las labores del tabaco.
Mientras dure el estado de alarma, estos establecimientos podrán vender sus productos a particulares aunque no se trate de viajeros y, en el caso de mercancías perecederas, las referidas ventas podrán efectuarse en favor de otros empresarios o profesionales.
Las tiendas libres de impuestos deberán efectuar con carácter previo el despacho a consumo de dichas mercancías y cumplir con el conjunto de las obligaciones y deberes de naturaleza tributaria derivada de la normativa reguladora de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria.
Con esta nueva orden y las dictadas hasta la fecha, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias recuerda en la nota que ha promovido una inyección de liquidez al tejido productivo superior a los 600 millones de euros por esta vía del alivio fiscal.
Además, ha impulsado un decreto-ley de Medidas Extraordinarias de Carácter Económico, Financieras, Fiscal y Administrativas para proteger al tejido productivo del Archipiélago -especialmente autónomos y pymes- y para simplificar los procedimientos burocráticos ante la crisis del coronavirus.
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