El presidente de Gran Canaria, José Miguel Pérez, espera que las administraciones inviertan 68 millones de euros en rehabilitar el sur, aunque criticó la pasividad del Gobierno canario, cuya consejera de Turismo, Rita Martín, insistió en que ya está implicado en el Consorcio.
Así lo afirmaron durante la visita del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, a quien la consejera pidió que acoja también el plan de recuperación del Puerto de La Cruz.
Mesquida agregó que el departamento ministerial identificó tres zonas que precisan mantener su liderazgo y que han quedado obsoletas como son San Bartolomé de Triajana, Palma de Mallorca y la Costa del Sol, pero son a modo de demostración y se pueden plantear proyectos de rehabilitación de otras zonas que cumplan estos requisitos.
Se trata de actuaciones, explicó, que van más allá del simple cambio de “farolas”, pues requieren actuaciones profundas.
La consejera de Turismo, que pidió al secretario de Estado que refuerce los convenios de promoción de Canarias, agregó que la Consejería ya está implicada en el Consorcio para rehabilitar San Bartolomé de Tirajana y que de hecho ha participado en la elaboración de sus estatutos junto al Ministerio de Turismo.
En cualquier caso, Pérez criticó que todas las administraciones hayan dotado partidas económicas para este proyecto salvo el Ejecutivo canario, algo que consideró preciso para emprender las inversiones cuanto antes para que sirvan de estímulo a la iniciativa privada.
Mesquida, por otra parte, detalló que firmó con la consejera canaria un acuerdo para mejorar los sistemas de obtención de los sellos de calidad, ofrecer formación a las empresas y a los técnicos del departamento autonómico.
La calidad, prosiguió, nació en Canarias, pues el primer congreso dedicado a esta cuestión se celebró en las islas en 1996 y se creó la “Q” de calidad y el sistema nacional que ofrece garantía de servicio a los clientes.
El objetivo es facilitar a las empresas que se adhieran a este sistema, apuntó.
Mesquida se refirió asimismo a la moratoria canaria y, aunque declinó inmiscuirse en las competencias de otras administraciones, apuntó que España, en general, precisa más mejorar su planta alojativa que ampliarla.