La crisis de vivienda en Canarias se siente especialmente en los municipios turísticos. Allí, lo normal es que una persona destine más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento, mientras que en el resto de localidades el porcentaje es inferior, según se deprende del cruce de datos de la renta media y el índice de alquiler de vivienda ofrecidos por la Agencia Tributaria (año 2019) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020), respectivamente.
Las cifras muestran que en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, los residentes destinan de media un 38,71% de los ingresos al pago del alquiler. Le siguen en la tabla San Bartolomé de Tirajana (37,81), Adeje (36,49), Mogán (36,47), Arona (35,56) y Yaiza (34,85). En el último puesto se encuentra Tejeda, en medianías de Gran Canaria, con un 19,33%, por detrás de El Pinar de El Hierro (20,51), Tijarafe (20,56), San Andrés y Sauces (21,45), Puntallana (22,07) y Santa Brígida (22,15), precisamente, el municipio más rico del Archipiélago.
En este sentido, vuelve a quedar en evidencia que la vida en las zonas más turistificadas de las Islas se está haciendo cada vez más complicada. En Pájara, por ejemplo, donde siete de cada diez trabajadores están vinculados al sector hostelero, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), se apoquina de media un 31,45% del salario para el arrendamiento. En La Gomera ocurre algo parecido, aunque a menor escala, en Valle Gran Rey, la región de la isla con más empleados en la hostelería (38,53).
El precio de la vivienda en Canarias no ha parado de crecer debido a la escasa oferta y la enorme demanda que existe en el Archipiélago. Desde que comprar en propiedad se convirtió en misión imposible tras la crisis financiera de 2008, los alquileres han aumentado excesivamente en los barrios más empobrecidos y se han estancado en los más ricos, según demuestra un análisis de datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), una estadística experimental que publica cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Precisamente, San Miguel de Abona, donde es un 23,03% más caro alquilar en comparación con 2011, es la localidad que lidera la subida en Canarias. Le siguen La Oliva (20,65), Granadilla de Abona (17,56), El Rosario (15,73), Guía de Isora (15,49) y Yaiza (14,17). Donde apenas se ha incrementado el coste del arrendamiento es en Santa Brígida, con un 2,26%, Los Realejos (3,37), Tegueste (3,72), Santa Cruz de La Palma (3,82) y San Cristóbal de La Laguna (5,12%).
Un informe de Comisiones Obreras (CCOO) publicado el año pasado situó a Canarias como la segunda comunidad donde más personas realizan un sobreesfuerzo para pagar el alquiler, solo por detrás del País Vasco. “La vivienda es un mercado limitado donde los propietarios pueden ejercer fácilmente presión sobre los precios e inflar los alquileres. (…) La intervención pública es la única manera de garantizar precios de eficiencia y terminar con la extracción de la renta”, resalta el documento del sindicato.
Además, la entrada del alquiler vacacional en municipios dependientes del turismo, como La Oliva, en Fuerteventura, está acelerando el desplazamiento de la población, la expulsión de los trabajadores menos pudientes y la degradación de la estabilidad y condiciones de vida de los residentes, según un informe de una consultora turística. Básicamente, las regiones costeras de Canarias son un gran campo de juego para la gentrificación.
Después de la pandemia, la crisis de vivienda en las Islas ha continuado, llegando a ser catalogada como una “emergencia habitacional” en toda regla. Un estudio de la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), difundido este año, cifra en un 30,8% el porcentaje de población en el Archipiélago afectada por esta situación, superior a la exclusión por el empleo (29,3) y la exclusión del consumo (23,2).