Aún no se han cuantificado las pérdidas que para la economía canaria supuso el caos aéreo vivido en las pasadas Navidades, aunque el Gobierno asegura que son “muy importantes” y que se calculan “millonarias”. El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, cree que precisamente para evitar esto el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para hacerse con la gestión del control aéreo “avanza en buena línea”.
Varias han sido las condicionantes para que se pusiera en riesgo la principal vía de comunicación del Archipiélago: las condiciones meteorológicas, una presunta huelga encubierta, una fallo eléctrico que sumió en el caos a los aeródromos insulares y el normal aumento de desplazamientos y tráfico, que como reconoció el consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, reconoce que “han repercutido negativamente en la economía de las islas por la pérdida de turistas”.
De todas estas condicionantes la que más ha dado que hablar ha sido sin duda la supuesta huelga encubierta de los controladores aéreos, que negaron y que achacaron a la mala planificación de AENA.
“Los grandes perjudicados han sido los ciudadanos y sobre todo el sector del turismo, con impacto enorme por el daño que se ha hecho a la imagen turística”, añadió. Unas consecuencias que la diputada nacionalista Belén Allende considera que serán “millonarias”.
Ante esto, Rivero aplaude “cuantas medidas sean necesarias para que la conectividad funcione” y por tanto aquellas “medidas que garanticen la operatividad de los aeropuertos canarios porque la paralización y desconcierto afecta a las familias canarias y produce un daño que puede ser irreparable para el turismo”.
Allende, en nombre del Grupo de Coalición Canaria (CC) aplaude “la contundencia del Gobierno de España al dictar el decreto ley para marcar las bases que tienen que regir la negociación porque no puede haber posiciones dominantes que dejen a Canarias a los pies de los caballos”.
Sistema Afis
El sistema de control automático del tráfico aéreo también fue tratado durante el Pleno, para determinados aeropuertos como La Gomera y El Hierro, sustituyendo a los controladores por un sistema informático.
La diputada María del Mar Arévalo dijo haberse sorprendido cuando cayó en la cuenta de que el propio decreto decía que entraría en vigor “cuando se realicen los preceptivos estudios sobre la seguridad” lo que considera supone un “mensaje confuso”.
El consejero de Obras Públicas y Transportes mostró cautela ante este anuncio y explicó que la implantación del sistema sería en aeropuertos de menos de 50 operaciones al mes y siempre estaría supervisado por un controlador. Además, este sistema ya está implementado en muchos aeropuertos comunitarios y del resto del mundo con buenos resultados.
Sin embargo, el sistema no es aplicación inmediata, ya que AENA debe presentar en dos meses los estudios de seguridad que permitan identificar los aeródromos donde se pueda operar y tendrá que garantizar que se cumplan los estándares de seguridad, así como que las condiciones de las aeronaves no sufran el más mínimo detrimento.