Fue una de las principales medidas anunciadas en campaña tanto por Coalición Canaria como por el Partido Popular: bajar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7% al 5%. El pasado 4 de junio, ambos partidos cerraron un programa conjunto de gobierno en el que incluyeron la medida, pero con un matiz: reducir de forma “selectiva” el IGIC dos puntos. En el documento, denominado Acuerdo para la mejora de la calidad de vida y modernización de Canarias, justifican esta política fiscal porque sostienen que así conseguirán “reducir la inflación hasta una estabilización natural de la subida de precios, recuperar parte de la renta disponible de las familias canarias y dinamizar la actividad económica”.
Sin embargo, aunque ninguno de los dos partidos ha especificado en qué ámbito se aplicará esa rebaja “selectiva”, la letra pequeña de bajar impuestos lleva aparejada la pérdida de recaudación y, como consecuencia, de gasto público. En este caso, Canarias tendrá 450 millones de euros menos y el ahorro para las familias canarias no superará los 200 euros, lo que supone unos 16 euros al mes, según los cálculos de Antonio Olivera, economista y viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo regional en funciones.
Para esbozar esta estimación, se basa en el impacto que tuvo para las arcas públicas la bajada de medio punto del IGIC que llevó a cabo el Gobierno de Coalición Canaria en noviembre de 2018. La rebaja fiscal fue acordada con el PP para sacar adelante los presupuestos, cuando estaba liderado por Asier Antona en las Islas, quien ya en ese momento pedía reducir el impuesto al 5%.
“La evidencia que hemos tenido es que cuando se bajó medio punto el IGIC se recaudaron alrededor de 150 millones menos en un año”, asegura Olivera. Después del acuerdo de gobierno alcanzado en junio de 2019, el Ejecutivo conformado por el PSOE-Nueva Canarias-Podemos-Agrupación Socialista Gomera volvió a subir el IGIC hasta el 7% a partir de enero de 2020. Cuatro años después de firmar el pacto de las flores, este 8 de junio, el partido liderado por Casimiro Curbelo no ha dudado un instante en sumarse al acuerdo con la derecha a pesar de que recogen la medida contraria en el nuevo programa de gobierno.
Olivera recuerda que se decidió recuperar el IGIC al 7% porque “generaba un problema claro a las corporaciones locales e insulares y debilitaba el servicio público”. En este sentido, explica que el 58% de los recursos que genera este impuesto pertenecen a las ayuntamientos y a los cabildos, siendo el 42% para la administración autonómica. “No solo se tuvo que hacer frente a la de la pérdida de recaudación regional, también hubo que compensar a las corporaciones locales por los recursos que perdieron, por lo tanto, hay que incorporar un 50% adicional al cálculo de 450 millones. Estamos hablando de cantidades cercanas a los 900 millones, aproximadamente”, señala.
Además, para llevar a cabo esta medida y que se perciba en el bolsillo del consumidor, Olivera considera fundamental que se den las garantías suficientes para que se traslade a los precios del producto final porque, de lo contrario, quien se beneficia, sobre todo, son las grandes empresas, gracias a sus márgenes. El Banco de España recogió en su informe anual de 2022 la importante contribución a la inflación que ha tenido la capacidad de las empresas de convertir en ganancias los ingresos al repercutir a los precios de venta el incremento de los costes y abogó por su reducción para frenar el alza de precios.
“Estamos en un momento macroeconómico en el que la capacidad empresarial para retener márgenes es muy elevada y, por lo tanto, es más probable que una bajada de impuestos repercuta menos en el consumidor final y se acabe convirtiendo en mayor beneficio empresarial”, apunta Olivera, que también resalta que cuando los tipos son muy bajos “al final debilitan los servicios públicos fundamentales y, a cambio, libera recursos para las empresas y las rentas altas, fundamentalmente”.
En 2019, Canarias contaba con unos 600 millones de superávit que podían permitir paliar la perdida de recaudación, pero según Olivera, “en el último año ya hubo deficit y eso va a suponer un añadido muy perjudicial” a la bajada del IGIC. Bajo su perspectiva, reducir dos puntos el impuesto implica ingresar menos en una autonomía que destinó 9.701 millones para gastos en sus presupuestos de 2023. “No encuentro ningún ámbito en el que se pueda recortar gasto. Las principales competencias de la autonomía son Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Son ámbitos muy sensibles para las familias y las consecuencias podrían ser notabilísimas”, añade.
En otras palabras, Olivera dice que el ahorro que supone para la ciudadanía canaria la bajada de dos puntos del IGIC “es ínfimo” en comparación a la pérdida de recaudación. Y se pregunta: “¿Qué prefieres, pagar 20 euros al mes más en impuestos y tener una sanidad gratuita o tener copago? ¿Tener que pagar más en educación o quedarse sin comedores escolares o sin plaza de 0 a 3 años?”.
El viceconsejero de la Presidencia matiza que sí es favorable a bajadas puntuales del IGIC en función de las circunstancias. Por ejemplo, expone que en los últimos cuatro años, durante la pandemia de coronavirus se redujo a tipo cero el impuesto en productos clave en ese momento, como las mascarillas.
“Se hicieron actuaciones específicas orientadas a familias vulnerables o sectores castigados por las circunstancias. Creemos que es lo que se debe hacer y siempre lo hemos mantenido: hacer bajadas muy selectivas en determinados productos clave en un determinado momento y, paralelamente, impulsar programas de ayuda a través del gasto público para quienes lo necesitan de verdad, a familias más desfavorecidas o sectores más castigados por el incremento de la inflación”, explica
Otras rebajas fiscales
La bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) junto con la exención de la tasa al combustible en las islas verdes son otras dos medidas plasmadas en el programa de CC y PP para “aliviar” la fiscalidad. El Gobierno de Canarias liderado por Ángel Víctor Torres también recuperó el pago para los contribuyentes con herencias o donaciones que superara los 1,2 millones y mantuvo bonificaciones para las de entre 300.000 y 350.000 euros.
CC y PP pretenden recuperar ahora una medida que ya aplicó al 99% el 1 de enero de 2016 la formación liderada por Fernando Clavijo, cuando sostenía que pretendía paliar el número de herencias a las que se renunciaban en las islas. Sin embargo, tras dos años en vigor, los datos del Consejo General del Notariado mostraron que el número de renuncias de herencias de los isleños aumentaron.
“Al final también son recursos que se pierden, en torno a 12 o 13 millones, que vuelve a impactar en unos peores servicios públicos, porque eso también forma parte de nuestro sistema de financiación y habrá que recortar de Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Solo dicen una parte, no la otra, pero van interconectadas: bajar impuestos y recortar gastos públicos”, añade Olivera.
Sobre la eliminación del impuesto de combustibles a La Palma, La Gomera y El Hierro, Olivera dice que “es cierto que tienen un precio más elevado”. La propuesta fue presentada y defendida en el Parlamento por CC en julio de 2021 y al respecto, informes de la Consejería de Hacienda y los Servicios Jurídicos desvelaban que la escasa competencia empresarial en este ámbito era la principal causa, pues en alguna de las islas solo existe un único operador, razones, entre otras, por las que fue rechazada.
“Parece que es una buena medida porque tiene una buena finalidad, muy bienintencionada. Pero el problema está en que si no hay competencia, lo más probable es que la bajada de impuestos acabe siendo absorbida por los operadores. Al final no tendrá impacto sobre el consumidor y lo único que genera es mayor beneficio para las empresas que suministran ese producto en esas islas”, señala Olivera.