El secretario nacional del Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC), Daniel Casal, ha anunciado que las acciones de los trabajadores de Clusa despedidos “irán en aumento hasta que consigan una respuesta a sus exigencias”. El objetivo de estos trabajadores con el encierro que protagonizaron este viernes por la mañana era “forzar” el encuentro con algún miembro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Según afirma el representante de los 26 empleados de Clusa “la Corporación se ha cerrado en banda y se niega a negociar”. Sin embargo, no lograron la reunión que esperaban.
El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Dumpiérrez ha asegurado después de que se realizara el desalojo de los 26 trabajadores que se encadenaron en las Oficinas Municipales que “éstos se han equivocado de lugar para realizar sus protestas, porque no tienen ninguna vinculación con el gobierno local sino con la empresa Canaria de Limpieza Urbana y Barrido (Clusa)”.
Reacción del PP
El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento capitalino, Ángel Sabroso, ha lamentado “que se produzcan este tipo de situaciones” y considera que “el único responsable de lo que ha ocurrido hoy es Jerónimo Saavedra y su grupo de gobierno”.
Sabroso espera que “estas imágenes no se vuelvan a repetir porque estos trabajadores se merecen una respuesta”. Además, el concejal del PP añadió que la capacidad de gestión y de maniobra del grupo de gobierno ha quedado hoy en entredicho a la vista de todos los ciudadanos de la capital“.
Alrededor de las 10.00 horas los 26 trabajadores de Clusa se encadenaron en el interior de las dependencias municipales, en la calle León y Castillo, pero sobre las 10.35 horas miembros del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (Goia) de la Policía Local capitalina comenzaron el desalojo.
Estos empleados exigen que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anule el decreto de urgencia por el que le retiró a Clusa las competencias en la recogida selectiva de basura y se las concedió a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), dejando en la calle a 26 trabajadores.