La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidirá este lunes si reabre o no el expediente de las quejas presentadas contra el puerto de Granadilla, en Tenerife que, esta misma comisión, archivó a comienzos de mayo.
Estas reclamaciones que presentadas, ante dicha comisión de la Eurocámara, por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife, Adena/WWF, que consideraban que la construcción del puerto industrial era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente (Directiva Hábitas sobre protección de la naturaleza y flora y fauna silvestres).
El trámite de estas quejas generó que el 21 de marzo de este año la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acogiera el primer debate en Bruselas entre los representantes de estas asociaciones contrarias al puerto de Granadilla y una delegación de autoridades locales, regionales y nacionales defensoras del mismo entre las que se encontraba: el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Miguel Becerra, el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y una representación del Parlamento de Canarias, encabezada por su presidente, Gabriel Mato.
El 3 de mayo, esta comisión parlamentaria decidió archivar las denuncias de los ecologistas. No obstante, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio la reapertura del expediente del puerto en el Comité de Peticiones ya que, en su opinión, el Ejecutivo comunitario había dado nuevas informaciones tras el cierre de las quejas.
Por tanto, esta comisión de la Eurocámara decidirá este lunes si admite o no la petición de Hammerstein de reabrir el expediente.
Bruselas ya ha autorizado la construcción del Puerto
No obstante, el Ejecutivo comunitario ?única institución competente para tomar una decisión-, autorizó el pasado 6 de noviembre la construcción del puerto industrial de Granadilla “por razones imperiosas de interés público de primer orden” y “siempre y cuando se adopten a su debido tiempo cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida”.
Un dictamen que, según declaró el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, máximo responsable comunitario de este expediente, es “definitivo”.
Dimas explicó en dicha entrevista que “tanto las autoridades españolas como el resto de partes implicadas deberían aceptar [la decisión] a pesar de que no se trata de una obligación legal, ya que sólo el Tribunal de Justicia europeo está autorizado para dar una interpretación definitiva de la legislación comunitaria”.