Puertos del Estado ha determinado que las deficiencias detectadas en la segunda fase de las obras de construcción del muelle de La Esfinge, en Las Palmas de Gran Canaria, obliga a devolver a la Unión Europea ayudas por valor de 10,97 millones de euros.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha decidido este viernes remitir los informes de Puertos del Estado que establecen esa cantidad a la Fiscalía como información adicional a la enviada el pasado mes de noviembre, según ha anunciado el presidente del puerto, Luis Ibarra.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas acordó en noviembre poner en conocimiento de la Fiscalía de Canarias las deficiencias de esa obra, que fue adjudicada en 2007 por 46,3 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago.
Los informes del Estado establecen también que la UTE debe devolver 2,5 millones de euros, aunque las empresas habían reclamado 12,5 millones.
Además, debe dejar el dique “en perfecto estado”, para lo que deberá aportar otros 2,5 millones de euros, ha dicho Ibarra.
En cuanto a los 10,97 millones de euros que hay que devolver a la UE, Ibarra ha recordado que el dique de La Esfinge tenía un presupuesto total que ronda los 170 millones de euros y la parte financiada eran cerca de 80 millones.
A su juicio, como la obra ha continuado, de la parte que no ha tenido problema se puede compensar, ya que en Canarias, hay dos obras financiadas con fondos de cohesión: La Esfinge y el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.
Puesto que la obra del puerto de Granadilla está retrasada, la intención es hacer un trasvase de fondos a final de año para compensar los fondos que hay que devolver.
El consejo de administración también ha analizado hoy la querella presentada por el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas José Manuel Arnáiz contra el Banco de Santander por un presunto fraude en la contratación de un “swap” por el que la entidad pública ha pagado cinco millones de euros.
Ibarra ha anunciado que la Abogacía del Estado presentará una demanda civil en caso de que no prospere la vía penal, actualmente en marcha, ya que “hay muchísimos argumentos para que por la vía civil este swap se anule”.
En el marco del proceso penal ya han ido a declarar los responsables del Banco Santander y Arnáiz, y según Ibarra, “todo se está desarrollando de acuerdo al objetivo que tiene la Autoridad Portuaria”