El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso en contra del acuerdo tomado a finales de 2011 por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña por el que se aprobó el incremento en la tarifa del agua. Rodríguez Zaragoza da este paso después de haber conseguido un principio de acuerdo con el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, para rebajar el canon que cada año abona el organismo estatal.
Puertos se quejó ante la Corporación local de que deben desembolsar siete millones de euros al año por este concepto a razón de siete euros por metro cúbico, lo que ha llegado a convertir en prohibitivo el suministro para uso portuario. Rodríguez Zaragoza defendió, primero ante el Ayuntamiento y ahora en los tribunales, que se debe establecer una tasa especial y en ningún caso que el precio que abonen sea el mismo que el que se aplica para consumo doméstico. El alcalde, en principio, se comprometió a mediar ante la compañía Emmasa, actualmente en manos privadas, para llegar a un acuerdo a cambio de que Puertos colabore con la ciudad es aspectos como el desalojo de la Dársena de Los Llanos o la apertura de más espacios para uso ciudadano.
Sin embargo, ante la negativa de abaratar la tarifa a Puertos, se ha tenido que recurrir ante la sala primera del TSJC para llegar a un acuerdo. En este mismo ámbito se están discutiendo también el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que quiere cobrar el Ayuntamiento pero que Puertos considera muy elevado. Rodríguez Zaragoza, ante la falta de acuerdo para rebajar la tarifa exige que a partir de ahora la Corporación local y Emmasa se hagan cargo del mantenimiento de las tuberías y del resto de instalaciones que se encuentran en el recinto portuario, así como de las pérdidas de agua que se produzcan, aunque sea responsabilidad de la propia Autoridad Portuaria. Asimismo, Zaragoza exige ante el TSJC que la corporación local y a Emmasa paguen los 60.000 euros anuales que a su juicio deben abonar por ocupar suelo público portuario con la desaladora.
En anteriores mandatos se aplicó una tarifa especial para la Autoridad Portuaria que alcanzaba los 1,80 euros por metro cúbico con el fin de que el organismo estatal pudiese competir con otras instalaciones portuarias al ofrecer un precio barato a los barcos que requerían este suministro. Sin embargo, el Ayuntamiento alega ahora que esta bonificación se ha tenido que eliminar porque no estaba prevista en la correspondiente ordenanza, y que por lo tanto no hay motivo para mantenerla. Estos precios tan elevados dan lugar, por ejemplo, a que los cruceros se nieguen a abastecerse en el puerto de Santa Cruz, pese a que estas embarcaciones suelen tener una demanda de cerca de 30 toneladas.