La rebaja impositiva acordada por CC y PP y el regreso de las reglas fiscales europeas augura futuros recortes en Canarias

El nuevo Gobierno canario de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) acaba de estrenarse esta semana bajando impuestos a las grandes herencias, bonificando el tributo del combustible en las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), una medida que beneficia solo a las empresas de hidrocarburos, y prometiendo que rebajará el IGIC del 7 al 5% en 2024, a pesar que este gravamen ya es de tipo 0% en los productos básicos.

Las tres medidas forman parte del paquete de “alivio fiscal” que las formaciones del Ejecutivo regional prometieron durante la campaña y que ahora, con el regreso de la disciplina económica de la Unión Europea (UE) tras la pandemia, es el paso previo a futuros recortes, según algunos de los expertos consultados por este periódico.

El porqué de ello es más sencillo de lo que parece. Canarias recaudó, solo con el IGIC, 1.890 millones de euros en el año 2022, el 44% del total de la recaudación tributaria en las Islas. Es el tributo de mayor peso en las arcas públicas del Gobierno autonómico, grava el consumo de bienes y servicios y cuenta con una naturaleza principalmente recaudatoria, al igual que el IVA, explica Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalcá (UVA) y una de las autoras del Libro Blanco para la Reforma Tributaria.

La reducción de dos puntos en el IGIC, que pasaría de un tipo impositivo del 7 al 5%, conllevaría una presumible disminución en la recaudación y por tanto menos ingresos para la elaboración de los presupuestos. La oposición estima esa merma en unos 450 millones de euros que, unida a la bonificación completa del impuesto de donaciones y sucesiones, recortaría en cerca de 500 millones de euros la recaudación.

Para expresar en datos lo que representa medio millón de euros en Canarias, basta con recordar que el anterior Ejecutivo regional de Ángel Víctor Torres (PSOE) presupuestó esa cantidad total en 2023 a las políticas de acceso a la vivienda (140 millones), fomento del empleo (113 millones), subvenciones al transporte (104 millones), I+D+I (88 millones) y seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (52 millones).

“Financiar servicios públicos es caro. Y lo es cada vez más porque los queremos mejores. Está claro que bajar esos impuestos tendrá un coste en términos de calidad y, si no es así, a corto plazo lo tendrá en deuda”, asegura Cantó. “No hay que bajar impuestos si queremos mantener el nivel de gasto actual. Y el que diga lo contrario, miente”, añade otra fuente experta que prefiere no revelar su identidad.

La justificación de los miembros del nuevo Gobierno de las Islas en la aplicación de estas medidas radica en el presunto “alivio fiscal” que causará, trasladando el dinero del erario a las familias. “En vez de gastarlo el sector público, lo hace el privado”, resume Rodolfo Espino Moreno, antiguo profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y concejal de Hacienda y Economía en el Ayuntamiento de la capital grancanaria entre 2007 y 2009, con Jerónimo Saavedra (PSOE) como alcalde.

Pero esa idea está repleta de matices. El economista y viceconsejero de Presidencia del previo Ejecutivo canario, Antonio Olivera, estima que el ahorro para las familias canarias no superará los 200 euros anuales, lo que supone unos 16 euros al mes. Y varios estudios han constatado que las reducciones de los tipos impositivos en los tributos al consumo, como el IVA, IGIC y similares, no siempre suelen reflejarse en el precio final del producto, lo que eleva los márgenes de beneficio de las empresas.

Varios ejemplos: una investigación publicada en 2020 demostró que los precios de los bienes en la UE entre 1996 y 2015 respondieron mucho más a las subidas que a las bajadas del IVA. Otro estudio difundido este mismo año señala que los productores se apropiaron del 30% de la deducción de este gravamen que hubo en Alemania entre 2020 y 2021. Y un artículo académico elaborado por EsadeEcPol detalla que el 40% de los hogares más ricos se queda con la mitad bajada del IVA aprobada en España a principios de este curso.

“La medida resultó costosa e ineficiente: destinó un mayor gasto público agregado (en euros que se dejan de ingresar por IVA) para las familias de más renta)”, resume el informe de EsadeEcPol.

“La evidencia empírica ante la bajada de impuestos sobre el consumo tiene una crítica fundamentada detrás, y es cuánto de esa rebaja va a llegar al consumidor y cuánto va a irse directamente a los beneficios del productor. Este es el gran mensaje: no necesariamente favorecen a los consumidores, sino también a los productores, que es lo que la administración no pretende. ¿O sí? Y ese ”o sí“ es con sarcasmo, ironía o componente ideológico”, razona Juan Luis Jiménez, doctor en Economía y profesor asociado en la ULPGC.

Un estudio elaborado por investigadores canarios y publicado en la revista Hacienda Canaria en 2018 también teorizó sobre la posibilidad de rebajar el IGIC, también al 7% el tipo general por entonces. En ese trabajo, los autores reconocieron que “reducir los ingresos de un impuesto indirecto como el IGIC no tiene que implicar que los ciudadanos paguen menos”, y para ello los firmantes utilizaron como ejemplo lo ocurrido tras la disminución del IVA en el cine, ya que hasta el 68% de las salas no asumió esa mengua tributaria en las entradas, según Facua.

El documento señala además que una reducción del IGIC conlleva un “problema adicional” como es la “falta de transparencia para el consumidor que genera la exención en la entrega de bienes por parte del comercio minorista”. Los investigadores creen que “una forma de controlar hasta cierto punto” el efecto de una deducción es “aplicarlo específicamente sobre un conjunto de bienes y servicios básicos”. Pero es que algo así ya está vigente en el Archipiélago.

El tipo impositivo del IGIC es del 0% en agua potable, pan, harina, cereales, quesos, huevos, aceite, pastas, frutas, verduras, legumbres, carnes y pescados no procesadas, medicamentos, libros, compresas, tampones, entrega de sillas de ruedas y unos pocos productos más. Es del 3% en los bienes derivados de la industria textil, sacrificio de ganado, calzado y vestido, gafas graduadas, medicamentos veterinarios, semillas y materiales para la agricultura, muebles de metal o transporte terrestre de viajeros. Y es solo del 7% en el resto de artículos o servicios no citados.

El nuevo Ejecutivo autonómico de Clavijo (CC) y Domínguez (PP) no ha especificado todavía a qué productos afectará la disminución del 7 al 5%. Dicen que lo están estudiando. Pero todo apunta a que, con la mayor parte de la cesta de la compra ya al 0%, no beneficiará especialmente a las rentas más bajas.

“Si se rebaja el IGIC a los palos de golf, por ejemplo, vas a beneficiar a las rentas más altas”, puntualiza Jiménez. “No hay que olvidar que el Estado está para intervenir en los fallos del mercado. Pero un fallo del mercado no es que los palos de golf salgan más caros, porque entonces ya sabemos qué tipo de política es y que no compensa”.

Junto al cuestionamiento de la medida, también destaca el discutible oportunismo de la misma. La Comisión Europea ha anunciado que en 2024 volverán las estrictas reglas fiscales del organismo comunitario, suspendidas estos últimos cuatro años para hacer frente a la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania. Los Estados Miembros no podrán superar un déficit del 3% y la deuda no deberá rebasar el equivalente al 60% del PIB.

En Canarias, el Gobierno autonómico de Ángel Víctor Torres redujo la deuda en cerca de 300 millones de euros esta legislatura, al pasar de los 6.807 millones en 2018 a los 6.516 en 2022, según la última actualización. Pero al mismo tiempo aumentó el gasto social e incrementó el presupuesto en partidas clave como Sanidad, con una subida del 30,5% entre 2019 y 2023; y Educación, con un refuerzo del 37,2%, también durante el mismo periodo.

Con el regreso de las restricciones europeas al endeudamiento y la previsible pérdida de ingresos por las bajadas impositivas, estos porcentajes de aumento podrían tener las horas contadas. El propio vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), dijo recientemente en la Radio Televisión Canaria (RTVC) que la vuelta de la regla de gasto de la UE “puede que trastoque los planes” del Ejecutivo regional, aunque el también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos asegura que no se atreve a hablar de recortes. Para la economista Olga Cantó, “no hay otra cosa posible”.

“Hay que hacer todo lo contrario. Es evidente que si quieres reducir los ingresos por ahí, cuando tengas que apretarte el cinturón vas a tener más problemas todavía. No tiene sentido. Absolutamente ninguno. Es una política de reducción de la intervención estatal que básicamente lo que busca es tener más servicios privados en lugar de los públicos”, remacha la experta.