Los Verdes de Tenerife han valorado positivamente el Acuerdo de cooperación para el ejercicio de las competencias estatales en materia de inspección fitosanitarias suscrito este lunes en Lanzarote entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con el fin de mejorar y agilizar las inspecciones fitosanitarias en los siete puntos de inspección fronterizos de entrada aéreos y siete marítimos situados en Canarias, para prevenir y evitar los efectos negativos en los cultivos canarios de la entrada ilegal de mercancías no autorizadas por los puntos de inspección fronterizos, mediante mecanismos excepcionales de control y trazabilidad fitosanitaria.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, ha destacado que “en los últimos 15 años han entrado unas 75 plagas y la firma se ha demorado desde 2004, pero ahora toca abordar también un acuerdo de cooperación similar para la inspección pesquera cuyas bases están ya maduras en 2008”. Hernández señala que “desde el año pasado se viene avanzando a nivel europeo en la elaboración de instrumentos legales para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que hacen especial hincapié en la prioridad de mejorar el control de la legalidad de las actividades de los buques pesqueros de terceros países que entran en los puertos y de sus capturas”.
En octubre de 2007, la Comisión presentó una propuesta de reglamento que pretende establecer las condiciones, el procedimiento y la frecuencia de realización de inspecciones en puerto por parte de los estados miembros de los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un tercer país, y de la importación de pescado por otros medios, como los containers“. Esta disposición, que será aprobada durante 2008, contempla que ”los estados miembros realizarán inspecciones en sus puertos de, como mínimo, el 15% de las operaciones de desembarque, transbordo y transformación a bordo efectuadas cada año por buques pesqueros de terceros países“. Octavio Hernández señala que ”a los inspectores se les encomienda examinar el buque, la documentación, el cuaderno, diario de pesca y hojas de carga, las artes de pesca, el equipo, las capturas, así como el control de la totalidad de las operaciones de desembarque o transbordo y un control cruzado de las cantidades de cada especie“.
Los Verdes critican que en Canarias “mientras las tareas se multiplican, la realidad es que no es posible garantizar el control de inspección en las condiciones actuales y tanto la cantidad de inspectores como sus condiciones laborales deberían ser revisadas”. Hernández indica que “aunque el secretario general de Pesca dijo en noviembre que existen nueve inspectores de pesca en Canarias, en marzo había 5 plazas en la provincia de Las Palmas, de las cuales una no está ocupada, y 2 plazas para la de Tenerife, con sólo una ocupada, en tanto que un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea de diciembre de 2007 estimó que el número de inspectores necesarios para todo el estado era de 139, pero la cifra en 2006 ascendía a 91 y en la actualidad únicamente trabajan en este campo 75 funcionarios”.
El portavoz verde señala que “estos funcionarios trabajan hasta las tres, y han denunciado reiteradamente que durante la tarde, por la noche y en los días festivos se produce un auténtico coladero de pesca ilegal ante la permisividad de las autoridades españolas, que ya han sido advertidas de sanciones millonarias por la Unión Europea”. De hecho, la Comisión admite que “los agentes económicos del sector pesquero aprovechan estos vacíos y ha previsto castigar la posible connivencia de los estados”. Hernández justifica que “la oportunidad para un Acuerdo de cooperación en materia de inspección pesquera entre el Ministerio y la Consejería viene determinada por las iniciativas regulatorias anunciadas para 2008, por la necesidad de dar una salida a la situación insostenible de los inspectores, por las propias demandas del sector pesquero que sufre esta competencia desleal y la creciente sensibilidad de los consumidores, y porque el Título V de la Ley canaria de pesca y la veintena de funcionarios adscritos al Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera en las islas deberían coordinarse y servir de apoyo en el mismo marco aunque sea una competencia exclusiva estatal”.