El responsable del Sector Agrario de CCOO en Canarias, Francisco Pozo, ha criticado la falta de actualización en el convenio de los trabajadores del campo, que no se renuevan desde 2018, lo que afecta especialmente a las mujeres que son el 80% de la plantilla en el ámbito rural.
Francisco Pozo ha realizado estas consideraciones en rueda de prensa este miércoles junto al secretario de CCOO en Tenerife, Andrés Baute, y la trabajadora de la empresa agraria Bonnysa Mercedes García, que ha ofrecido su testimonio.
Andrés Baute ha aclarado que la precariedad femenina se debe a que el 80% de los trabajadores en el ámbito agrario son mujeres y sufren unas condiciones “injustas”.
El líder del sindicato ha declarado que “el reciente plan de soberanía alimentaría nace cojo porque no se ha contado para ello con los trabajadores del campo, que son los que cargan con las consecuencias de una profesión tan dura”, y también ha denunciado que solo se ha tenido en cuenta a la patronal, que “son precisamente quienes no se sientan a negociar la actualización de convenios”.
Los representantes sindicales han explicado que para que un trabajador pueda llegar al salario mínimo interprofesional (SMI) tiene que incorporar el salario base, pagas extras de verano, beneficios, plus de asistencia, complementos de SMI, plus de transporte, antigüedades y las vacaciones.
Francisco Pozo ha destacado el peligro de la compra de productos primarios de mala calidad a Marruecos, insistió en que “esto nos hace vulnerables e impide el autoabastecimiento alimenticio”, y también el responsable del sector recordó la labor de los trabajadores agrarios durante la pandemia, pues “expusieron su salud para tener fruta en nuestras mesas”.
Además, han denunciado los problemas de jubilación de las mujeres en el campo ya que debido a la falta de años cotizados continúan trabajando en los invernaderos con más de 65 años, a lo que los responsables han atacado a la patronal por comunicarle al Gobierno de Canarias, en su opinión, su intención de “desprenderse de 500 personas con 59 años a coste 0”.
Francisco Pozo ha achacado la falta de desactualización en el sector a que “los empresarios no quieren invertir en nuevas tecnologías” y esto tiene como consecuencia “un coste de producción mayor”.
El responsable del sector ha culpado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería de “no dar respuesta a una regulación digna de los jornaleros” y ha señalado a la titular del departamento, Alicia Vanoostende, como “responsable de no resolver esta situación de precariedad laboral”.
Tanto Andrés Baute como Francisco Pozo han declarado que la situación del campo “es muy negra, penosa y dura”, alertando que si no “conseguimos unas mejores condiciones para los trabajadores, las nuevas generaciones no querrán formar parte del sector primario y dependeremos del exterior”.
Por su parte Mercedes García, trabajadora de la empresa agraria Bonnysa, ha confesado que “hay un sentimiento de derrota” por parte de las empleadas, y asimismo ha destacado las diversas complicaciones que enfrentan, entre ellas la precarización económica de los sueldos netos que no alcanzan los 800 euros.
Además, ha aludido a la limitación de un solo día de asuntos propios en todo el año, que no les permite acompañar a sus hijos al médico a partir de los 12 años, así como el impedimento para encontrar nuevos trabajos porque dependen de la llamada de la empresa agraria a la que se encuentran “atadas”.
Para concluir, Andrés Baute y Francisco Pozo han anunciado que piensan “llegar hasta el final, si en Canarias no es posible, será en España y como última opción, acudirán a los organismos europeos”, y sentencian que “hay que dignificar el sector” y “es justicia social renovar esos convenios por el bien de las trabajadoras”.