Más de un año después de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que data de 2013, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias sigue sin velar por el cumplimiento de uno de los axiomas de la normativa: que cada productor venda por encima de sus costes de producción. “Es complicado, es una ley muy difícil de aplicar. Somos conscientes de ello, pero vamos dando paso a paso”, ha reconocido la titular del área, Alicia Vanoostende, en una comisión parlamentaria tras una pregunta del diputado del Partido Popular (PP) Juan Manuel García Casañas.
Se trata de una de las principales demandas de organizaciones del sector primario, como recordó García Casañas: “Vemos como siguen las quejas en el sector a día de hoy, que está viendo como no se llega a cumplir esos costes de producción y demanda inspecciones. El sector dice que no se está garantizando el cumplimiento de la ley”.
En mayo, durante una entrevista, Vanoostende había anunciado que se empezaría a aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria en octubre de este año. Sin embargo, este lunes ha explicado que se han comenzado a hacer “actuaciones de control” en noviembre, en concreto, en el subsector del aguacate y el lácteo, que han sido elegidos “por distintas razones” que había consensuado con organizaciones agrarias. Sin que haya detallado el resultado de esas visitas. Y anunció que el Área trabaja en un plan de inspecciones para 2023.
Para hacer cumplir la Ley es imprescindible contar con un órgano regional similar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) estatal que centralice las actuaciones para velar por la ejecución de la normativa. Vanoostende indicó que para designar la autoridad de control en las islas es preciso elaborar un decreto, que está en trámite, puesto que en el reglamento de la Consejería no existe una competencia en esa cuestión. “Ya hemos solicitado los informes preceptivos necesarios de distintos departamentos, como el Consejo Consultivo, para poder seguir con el trámite de aprobación”, señaló.
Preguntada también por la creación de una oficina de contratos, donde se analicen los acuerdos entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria para velar por el cumplimiento de no vender por debajo del coste de producción, Vanoostende respondió que está pendiente de que el Ministerio pueda regular el registro de contratos. “Y seguimos trabajando, con reuniones con la Aica y en coordinación con el resto de comunidades autónomas para poner esto en funcionamiento”, añadió.
En su intervención, Vanoostende defendió que la mayor parte del trabajo relacionado con la Ley se ha desarrollado en 2022 y se ha centrado en sentar las bases. Al respecto, citó el Observatorio de Precios Agrarios, que permite conocer el precio, en origen, mayorista y en destino, “de un sinfín de productos hortofrutícolas”. “También hemos hecho la aproximación a los costes de producción, que solicitaba el sector, tanto en determinados productos hortofruticolas como en la leche”, ha añadido.
Pero la consejera aclaró que el Observatorio permite conocer “un valor aproximado a los costes de producción en Canarias”, y la Ley de la Cadena Alimentaria, “cuando habla de que cada productor debe vender por encima de sus costes de producción, no se refiere a esto que calculamos nosotros, sino al de cada uno de los productores”.
Para ello, y dado que “para un productor es muy difícil calcular sus costes de producción” según Vanoostende, la Consejería ha desarrollado “una especie de hoja excel” que ha presentado a las organizaciones agrarias hace casi un mes, “que permite a los ganaderos hacer el cálculo de costes con pestañas en las que simplemente hay que rellenar con los costes de alimentación, de veterinarios, de seguros.. y automáticamente se calculan los costes de producción. Es una herramienta que estamos difundiendo en el sector para que cada uno pueda hacer ese cálculo propio”.
Además, Vanoostende ha hecho referencia a la labor divulgativa para dar a conocer la Ley de la Cadena Alimentaria, “porque es verdad que bastante compleja y hay bastante desinformación”. Hasta la fecha, la Consejería ha realizado cinco jornadas: dos directamente; otras dos junto a la Aica y una “con los agentes de extensión agraria, que son los que están más cerca de los agricultores y ganaderos y, por lo tanto, es necesario que conozcan la herramienta para que la puedan divulgar con sus usuarios”. A ello se suma un documento con el mismo fin que está publicado en la página web de la Consejería.
El diputado del PP también demandó a la consejera que dote de recursos humanos a sus diferentes departamentos para poder llevar a cabo las inspecciones y que se garantice el cumplimiento de la Ley y de los contratos. “Las bases son importantes (…) pero yo creo que la mejor herramienta que tenemos que darles no es solo la Ley, sino que haya alguien que garantice que se cumpla, que avale y defienda a un sector estratégico en Canarias”.
Al respecto, Vanoostende aseguró que en la Consejería hay un equipo “de primer orden que está haciendo un gran trabajo”. Detalló que en cada centro directivo hay un técnico designado para el seguimiento de la Ley de Cadena. Y que existe un equipo conformado en la Consejería con técnicos de agricultura, ganadería y pesca, además del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, encargado de este asunto, incluyendo las inspecciones, pues “la mayor parte de los funcionarios de la Consejería tienen capacidad inspectora en diversas cuestiones y, por tanto, se acumula la Ley de Cadena a su capacidad inspectora”.
Además, este grupo trabaja en coordinación con la Aica e incluso viajó a Catalunya hace dos meses para aprender y formarse con los técnicos de la agencia catalana de la cadena alimentaria, “porque es la comunidad autónoma que está más avanzada en las cuestiones de la Ley de Cadena”, informó la consejera..
“La ley no es la solución a todos los problemas del sector primario, pero a medio plazo mejorará el funcionamiento y la transparencia de la cadena alimentaria”, resumió Alicia Vanoostende