Canarias y Madrid han permitido, por el deficiente control de las ayudas que han concedido diferentes administraciones públicas (Gobierno de Canarias, cuatro cabildos y el Ministerio de Agricultura) con el mismo objetivo y a idénticos beneficiarios del sector pecuario local, que al menos 23 peticionarios de los apoyos públicos directos destinados a compensar la subida del coste de producción por el efecto de la invasión rusa en Ucrania, por el impacto en el precio de la alimentación de los animales, hayan superado el umbral máximo permitido para la recepción de esas ayudas hasta el 31 de diciembre pasado, que es de 250.000 euros por beneficiario (persona física o jurídica).
Después de la primera información servida por este periódico digital sobre ese mismo asunto, aunque entonces solo contabilizando los apoyos directos de las convocatorias de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y de cuatro de los siete cabildos, con Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, ahora se puede afirmar, tras incluir en esa suma los fondos recibidos en Canarias con el mismo propósito a través de tres convocatorias del Ministerio, que los beneficiarios de esos apoyos hasta el 31 de diciembre de 2023 que han superado la suma permitida de 250.000 por peticionario ya no es de 15, sino que sube algo más, hasta llegar a 23 superaciones del umbral (ocho más), tal y como se desprende de las resoluciones publicadas por todas esas administraciones públicas.
La suma de las cantidades excedidas, siempre según las asignaciones por beneficiario publicadas en los boletines oficiales o sedes electrónicas corporativas, llega, tras incluir las dotaciones del Ministerio en las islas, a 1.034.972 euros, con lo que pasa de los 718.000 euros a más de un millón.
Hay que señalar que el marco legal de la Unión Europea (UE) aprobado de forma extraordinaria para regular esas ayudas por la guerra en Ucrania y su impacto económico indirecto, que inicialmente concluía a finales de 2023, ya ha sido prorrogado hasta el verano de 2025, aunque las entidades o personas físicas beneficiarias de esos apoyos solo podrán sumar un máximo de 280.000 euros, de 250.000 a 280.000; esto es, 30.000 euros más de los 250.000 aprobados hasta el 31 de diciembre de 2023.
Sin explicaciones de los que más contribuyen al desaguisado
De todas las administraciones públicas que han concedido estas ayudas directas, han sido los cabildos de Tenerife, sobre todo este, y de Lanzarote los que han publicado las convocatorias de manera más incompleta, al no hacer mención en ellas de la necesidad de reflejar por parte de los peticionarios las cantidades de apoyo público cobradas con el mismo fin desde otras instituciones públicas.
Preguntado por este asunto y por la superación del umbral en algunos casos tras los pagos realizados a través de la convocatoria del Cabildo de Tenerife, el gabinete de comunicación de la administración insular ha indicado, tras 48 horas de espera, que no puede aportar información alguna porque el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, del PP, “está fuera”.
Por ahora, cruzada de brazos
Sobre esta misma cuestión ha sido consultada la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que dirige Narvay Quintero (AHI), que ha indicado que “el Gobierno de Canarias ha actuado según la normativa” y que este departamento en sus convocatorias, hasta tres por ahora, ya “solicitó a los beneficiarios la declaración jurada de que no hubieran recibido una ayuda por el mismo concepto de otra administración pública”.
Por lo que responden estas dos administraciones públicas, el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Agricultura del Ejecutivo autonómico, las que más han contribuido a los desajustes, no parece que haya mucha intención de actuar de oficio en el repaso de las cantidades concedidas, para, si se confirmaran las anomalías, proceder al reintegro de las cantidades por encima de los 250.000 euros, un dinero público regalado que pudo servir para completar las cantidades de otros demandantes de apoyo público que aún no habían llegado a ese nivel absoluto máximo. Estos son más de mil en toda Canarias.
De actuar ahora la Consejería, los que no declararon las otras ayudas por despiste o ignorancia, podrían devolver los importes excedidos sin tener que pagar intereses. Transcurridos cuatro años sin solicitar ese dinero, ya no se podrá hacer nada para recuperarlo por parte de la administración, pues hay prescripción.