El Gobierno canario ha completado este lunes en La Graciosa el proceso para actualizar a la Directiva Europea del Agua los planes hidrológicos de segundo ciclo de las diferentes islas, al aprobar el correspondiente a Gran Canaria (el único que estaba pendiente), según ha anunciado el presidente Fernando Clavijo.
Esta es una de las decisiones más relevantes adoptadas este lunes por el Consejo de Gobierno, el primero que se celebra en La Graciosa desde que el nuevo Estatuto de Autonomía reconoció a esta oficialmente como la octava isla de la comunidad.
Clavijo ha recordado que el Gobierno de Canarias asumió temporalmente hace 18 meses las competencias para aprobar los planes hidrológicos correspondientes al periodo 2015-2021, mientras se impulsaba en coordinación con los cabildos la redacción de los planes de tercer ciclo, para 2021-2025. Además, añadió que ya están todos aprobados de manera inicial por las corporaciones insulares.
Estos trabajos tienen por objetivo adaptar los planes de cada una de las siete cuencas hidrológicas de Canarias a la normativa nacional y autonómica y, a través de estas, también la Directiva Marco del Agua de año 2000.
En el caso de los de segundo ciclo, han sido realizados por la empresa pública Tragsatec a través de un encargo adjudicado por el Gobierno canario con un presupuesto de un millón y medio de euros.
Los planes contienen información de tipo medio ambiental de cada una de las cuentas y de la situación actual, tanto en calidad como en cantidad, de las aguas subterráneas, de superficie y costeras.
También detallan las necesidades de consumo para abastecimiento humano y para atender a los diferentes sectores económicos, así como los objetivos ambientales para los próximos años.
La Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias ha ido remitiendo durante el proceso de redacción de esos planes informes de seguimiento tanto al Gobierno de España como a la Unidad del Agua de la Comisión Europea.
Por otra parte, el Gobierno ha acordado solicitar con carácter de urgencia el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas, para completar su tramitación y enviarlo al Parlamento.
La nueva ley trata de configurar “un régimen jurídico moderno, claro y flexible, que tenga en cuenta las exigencias actuales y las demandas futuras y que fortalezca la fórmula societaria cooperativa como herramienta de creación de empleo estable y de calidad”.
El Gobierno canario subraya que es una “ley muy esperada porque ofrece al cooperativismo canario un marco específico de regulación que tenga en cuenta la realidad y las necesidades del tráfico empresarial en esta comunidad autónoma, permitiendo, a su vez, la adaptación de las sociedades cooperativas a un entorno económico cada vez más cambiante”.
La nueva ley define y determina las condiciones y requisitos en que deberá realizarse la constitución, gestión, financiación, desarrollo y promoción de las sociedades cooperativas en Canarias, ya que el marco normativo hasta ahora vigente no da respuesta a las necesidades planteadas para las empresas en el contexto actual.