Mantener y ampliar el puente entre los productos frescos de Gran Canaria y los colegios y las organizaciones no gubernamentales. Es el deseo de Cosecha Directa, una de las cooperativas agrarias que durante más de un año ha trabajado incansablemente para llevar alimentos del campo a escolares con cuota cero y entidades como Cruz Roja o Cáritas. Bajo el paraguas del Cabildo de Gran Canaria, se llevó a cabo la iniciativa denominada ‘Canal Sector Primario Social’, con el objetivo de dar salida a papas, calabacines o quesos que no tenían cabida en el mercado. Pero también para mitigar la situación de personas en situación de vulnerabilidad. Finalizará el 31 de diciembre de este año, pero Antonio Suárez, presidente de Cosecha Directa, ve en este proyecto un camino para dar estabilidad el sector primario que, además, fomenta la economía circular y revierte en la sociedad.
La cooperativa, que aglutina a unos 200 agricultores y ganaderos que gestionan 2.000 hectáreas en Gran Canaria, ha sido una de las participantes en el programa desde que se creó en mayo de 2020. La pandemia condenó al campo, considerado sector esencial, a buscar vías alternativas para vender sus productos frescos. El cierre del canal Horeca llevó a agricultores y ganaderos que no podían colocar sus alimentos en las grandes superficies a reinventarse con iniciativas como la venta a domicilio para subsistir y evitar desechar su producción. La corporación insular ideó el proyecto para mitigar esta situación, la de los escolares con cuota cero y de las personas que acuden a las ONG en busca de alimento.
El Cabildo, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, firmó un contrato de emergencia por 1 millón de euros para enviar alimentos a los escolares que no pudieron tener acceso al comedor de los centros tras su cierre desde mayo a septiembre. La empresa pública Gestión del Medio Rural, la cooperativa Cosecha Directa y mercados agrícolas se encargaron de toda la logística: detectaban los excedentes de los productores y, en función de lo recogido, se elaboraba un menú consistente en frutas y verduras, pero también leche y queso fresco.
En los cinco meses que duró la iniciativa se recogieron 360.000 kilos de productos excedentarios y se entregaron en total 23.534 cestas con 15 kilos de alimentos a familias repartidas en 180 centros y nueve residencias escolares de 20 municipios. “Todos, excepto Artenara, donde no se precisaba esta ayuda”, explica el director de Soberanía Alimentaria de la Cabildo Insular, Alejandro Báez. Las entregas se realizaban cada 15 días, y los contenidos de las cestas se diseñaban semanalmente. Este proyecto finalizó ante el comienzo del nuevo curso escolar, ya que el Gobierno regional es la administración encargada de gestionar los comedores públicos.
La atención a los alumnos quedaba resuelta, pero el campo seguía produciendo más de lo que podía vender. Por ello, el Cabildo también decidió fijar otra línea de trabajo destinada a ONG. El procedimiento elegido fue la subvención nominativa concedida a cuatro ONG o asociaciones (Cruz Roja, Banco de Alimentos, Asociación Social Oportunidades de Vida y Cáritas) y dos comedores sociales en Las Palmas de Gran Canaria (Nuestra Señora del Carmen y Sor Lorenza).
En 2020 se otorgaron 804.500 euros que supusieron la entrega de más de 1 millón de kilos de productos frescos. Al año siguiente, se ha destinado otro medio millón de euros, pero los fondos se ampliaron con otros 473.300 euros que fueron aprobados en una sesión plenaria celebrada el pasado mes de mayo en el Cabildo de Gran Canaria. En total, las subvenciones suman cerca de 1,8 millones de euros. “El primer trimestre de 2021 ha sido muy duro y las ONG nos advirtieron de que la primera partida de 2021 duraría hasta junio”, explica Báez, quien matiza que la vía elegida para financiar la iniciativa ha estado validada por “asesoría jurídica e intervención”. Esto supondrá que lleguen a las ONG 1,2 millones de kilos de productos locales hasta el 31 de diciembre.
El director de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria precisa que aunque las subvenciones se asignan a las ONG, estas no son las encargadas de comprar el alimento, tan solo de recibirlo. Semanalmente, Cruz Roja o el Banco de Alimentos trasladan a la corporación insular sus necesidades y su capacidad de almacenamiento; la administración pregunta a las cooperativas, asociaciones o empresas por los excedentes disponibles y se elaboran las entregas.
Al igual que para los comedores escolares, la logística corre a cargo de los proveedores. Báez expone que el volumen de pagos en función de la demanda cada 7 días ronda los 19.000 euros, en un total de unas 40 facturas. Y estas son endosadas a la subvención otorgada a cada una de las ONG sociales.
En total, el Cabildo de Gran Canaria estima que de forma directa o a través de sus asociaciones, se han beneficiado unos 500 agricultores y ganaderos. La cooperativa Cosecha Directa ha facturado un total de 691.568 euros desde mayo de 2020 y ha suministrado más de la mitad de los 2,7 millones de kilos que han sido entregados en el marco del programa. Además, detalla que los gastos de gestión de logística se ha situado en 2,5 céntimos de media por kilo y el precio medio que ha pagado la administración insular por la misma cantidad ronda los 0,75 euros.
Como ejemplo, Suárez expone que si un kilo de papas se ha vendido a 1 euro, el agricultor ha recibido 0,97 euros y la cooperativa 0,025 euros. “Y este dinero se usa para el transporte, el personal, la infraestructura”, remarca. Por ello, Suárez asegura que la cooperativa nunca se ha pagado por debajo del coste de producción. A su juicio, la iniciativa ha propiciado “el cooperativismo y la unión del sector” y la ve como “uno de los caminos para favorecer el emprendimiento y dar estabilidad en el sector primario que, además, revierte en la sociedad”. El presidente de la cooperativa considera que “habría que plantear proyectos futuros para encaminarnos hacia esta economía circular”.
Aunque el director de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria comparte la visión de Suárez, subraya que se trata de un proyecto circunstancial ante una situación de emergencia. “Esperemos que esto no sea una necesidad continuada en el tiempo y que el sector primario recupere poco a poco la cuota de comercialización normal que teníamos en febrero de 2020. Algo estamos haciendo mal si dentro de dos años seguimos comprando producto excedentario al sector primario”, señala.
Además, recuerda que el Gobierno de Canarias es quien se encarga de los comedores sociales y, en este sentido, trae a colación el proyecto de ecocomedores, en el que se ofrece en el menú alimentos ecológicos. De hecho, el Cabildo colabora con una subvención anual de en torno a 30.000 euros para cubrir los gastos de transporte hasta los centros. “Un comedor público siempre debería tener producto local, pero cuando se hace una oferta para contratar el catering en colegios es muy difícil obligar a que las empresas lo ofrezcan al 100%”. Y respecto a las ONG, considera que lo ideal es que también recurran al kilometro cero, pero “eso dejará de ser competencia” de la administración insular.
Sin embargo, Báez no descarta que el proyecto se convierta en un canal de comercialización estable, como ha sucedido con el portal Gran Canaria Me Gusta, una iniciativa lanzada durante la pandemia para vender producto local por internet gestionado por el Cabildo. El objetivo, dice, es “abrir más canales de comercialización para el sector primario”, porque el coronavirus ha puesto de manifiesto la alta dependencia del sector de los hoteles o la restauración.
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