Los motivos que convierten a la tierra agrícola canaria en la más cara de Europa

La crisis de la papa ha vuelto a recordar a Canarias la enorme dependencia que mantiene con el exterior. Un corte del suministro procedente de Inglaterra, a más de 4.000 kilómetros de distancia, y el abastecimiento de este tubérculo ha menguado mientras el precio continúa disparado. La producción local, cultivada en las Islas, puede con entre el 60 y el 70% del consumo. Y aunque lo deseable, de acuerdo con agricultores, ganaderos y políticos regionales, sería que ese porcentaje alcance el 100%, no hay realidades en el Archipiélago que inviten a pensar que hacerlo será fácil, sino todo lo contrario.

Un estudio recientemente publicado en la revista Island Studies Journal analiza una de esas coyunturas, en concreto la relacionada con el precio de la tierra agrícola en Canarias, porque los datos son cuando menos llamativos. La Comunidad Autónoma registra el coste de hectárea cultivable más elevado de toda España, con un valor promedio de 79.000 euros en 2021, según la Encuesta de Precios de la Tierra, realizada cada año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es la cifra más alta del Estado con diferencia. Pero es que también lo es de Europa, por encima de naciones como Países Bajos (71.225 euros), Luxemburgo (47.290 euros) y Bélgica (38.496 euros).

A nadie se le escapa que la agricultura en las Islas presenta mayores limitaciones que en otros puntos del territorio nacional debido a la restricción geográfica y la abrupta orografía. Ahora, además, hay que sumar la presión urbanística vinculada al motor económico de la región, el turismo, y el interés por ampliar la potencia renovable, lo que implica mayor explotación de suelo y recursos. La conjunción de todos estos factores provoca que el Archipiélago solo cuente con 49.394 hectáreas de superficie agrícola utilizada (SAU), un 6,6% de la extensión total de Canarias, la proporción más baja del país.

En este contexto, los autores de la investigación en cuestión, vinculados a la Universidad de La Laguna (ULL), consideran que es de “especial interés” estudiar en detalle los factores que elevan el coste de la tierra agrícola en territorios limitados como este porque “para tomar las medidas adecuadas en materia de desarrollo”, en especial las relacionadas con la soberanía alimentaria y la eficiencia hídrica, es “valioso” conocer el importe monetario de comprar una parcela agraria y trabajarla.

“Ha tenido que llegar una crisis como la de ahora, la de la papa, para que realmente los ciudadanos nos demos cuenta de que no se puede abandonar el campo. Y eso también ha hecho abrir los ojos, al menos en determinados casos particulares que conozco, de personas que han vuelto [al campo] no solo para vender, sino también para consumo propio”, reflexiona Santiago M. Barroso, primer autor del trabajo académico y doctorando en la ULL.

“Nuestra economía está basada en el sector servicios y quizá hemos abandonado el primario. [Pero] creo que empieza a haber cierta sensibilidad en el tema de la autonomía alimentaria”, agrega Ignacio de Martín Pinillos, profesor y doctor en el Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la misma universidad y segundo firmante del estudio.

Barroso, Martín Pinillos y el resto de los expertos involucrados en la investigación realizaron entrevistas de 55 preguntas en 20 instalaciones agrícolas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para recopilar datos sobre cada explotación: ubicación, dimensiones del terreno, modo de acceso, equipos y suministros disponibles, sistema de riego, tipo de cultivo… Y más factores que fueron analizados en un modelo matemático multilineal en el que la variable dependiente era el precio, mientras que el resto, un total de 18, elegidas a partir del consenso de los técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, eran independientes.

Gracias a un programa estadístico, los autores pudieron determinar qué elementos eran especialmente determinantes en el coste final del suelo cultivable, más allá de los motivos generales mencionados en el caso de las Islas (reducida superficie agrícola utilizada, compleja orografía y escasa oferta ante la negación de propietarios a vender o arrendar). Así, las variables más “concluyentes” del valor en este ámbito son la posesión de estanques o aljibes, si hay un sistema de riego instalado, la pendiente del terreno (desnivel) y la existencia de un guadarnés.

El cultivo con el precio más alto es el plátano, con un importe de 16,52 euros por metro cuadrado, según las estimaciones del análisis. “El riego a manta [o riego por inundación] se utiliza para esta fruta debido a la gran cantidad de agua que requiere y a que los insumos necesarios son mayores que para otras plantaciones, de ahí su precio más elevado”, apunta el documento. La cosecha más barata, en cambio, es la de cereales, solo por 5,68 euros por metro cuadrado. Los tubérculos, por su parte, presentan un costo de 10,78 euros. Los viñedos, de 8,47 euros y las legumbres, por último, de 6,42 euros.

“Hemos favorecido a unos cultivos determinados, como por ejemplo en su día el tomate y hoy el plátano, que sobrevive gracias a las ayudas, en detrimento de otros de los que realmente sí podríamos obtener un mayor valor añadido, como el vino. Las administraciones públicas, históricamente, se han centrado mucho en un único producto y quizá habría sido buena idea repartir un poco”, razona Barroso.

A raíz del estudio, los firmantes del mismo consideran que uno de los “principales problemas” del sector primario es el relevo generacional y, reiteran, la disponibilidad de tierras rurales, que en su opinión se ha visto reducida, tal y como confirmó el último censo agrario del Instituto Nacional de Estadística (INE), por la “ineficiente política de apoyo a la industria, fuerte competencia con los alimentos importados, nuevas plagas y aumento del coste de los fitosanitarios”, enumeran.

“Al costar tanto comprar un terreno para cultivar, las personas pueden no verlo rentable, porque destinar una gran cantidad de dinero a comprar una explotación para pasar quizá 10 o 15 años sin ver rentabilidad o al menos cubrir ese coste inicial… Pues hace que la gente se decante por otros sectores”, explica Martín Pinillos.

La Estrategia de Soberanía Alimentaria del Archipiélago, hecha pública este mismo año, explicita que “el precio de la tierra, tanto de venta como de arrendamiento, es extremadamente elevado en Canarias en comparación con el resto del país”. También apunta que el “precio elevado de recursos esenciales como la tierra y el agua” están detrás del “retroceso del sector”. De acuerdo con una investigación difundida hace un lustro en la revista Land, esto ha provocado que las empresas, y no los particulares, puedan permitirse acometer estas inversiones. La acumulación de trabas que dificultan el provecho económico de la agricultura hace que la actividad esté en peligro de extinción, sin entrar en la exageración.

Aunque esto no ocurre solo en las Islas. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el protagonismo del empleo agrícola con respecto al total ha caído un 40% a nivel global en los últimos 30 años. En el caso específico de España, los trabajadores dedicados a las labores del campo representaban el 10% de los ocupados totales en 1991, mientras que en 2019 ese porcentaje cayó al 4%.

Una única solución para potenciar la agricultura y la ganadería no existe. Pero Martín Pinillos, por su parte, opina que un impulso a las ayudas públicas para comprar o alquilar terrenos puede ser un buen punto de partida. “Si eso ocurre, seguro que habría muchas más oportunidades y, por supuesto, hacen falta más formación e información. Demostrar a la gente qué es lo que puede pasar si no hay sector. Que las personas entiendan que este esfuerzo no solo reporta alimentos, sino también beneficios [económicos]”.

Barroso, por otro lado, dice que los costes de la superficie cultivable podrían bajar agilizando el traspaso de tierras de mayores a jóvenes, porque “hay personas que prefieren abandonar [ese suelo] y después creen que pueden venderlo al mismo precio que antes, y nada más lejos de la realidad”. El doctorando de la ULL también medita sobre otro factor y añade que en el Archipiélago “hay quienes continúan arraigados a la tierra y creen que su explotación tiene un valor por encima del mercado”.