Desde 1986 los practicantes de la pesca submarina en Canarias tienen su actividad relegada al 20% de la costa del Archipiélago en la que se permite faenar. Una orden del Gobierno canario, dictada hace 33 años por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, marginó al arte con lanza o arpón a zonas delimitadas y concretas donde “siempre hace viento, hay corriente” y, por ende, “hay pocos peces”, según explica el presidente de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables (ACPESUR), Héctor de Paz Martín.
Esta asociación, que dice representar a 6.000 personas, comenzó su andadura hace tres años para luchar contra lo que considera una injusticia. “Cuando a principios de los años 80 se perdió el banco canario-sahariano, los patrones de las cofradías demandaron al Gobierno regional para que se limitara a los pescadores recreativos las zonas en las que podían realizar su actividad para que ellos pudieran seguir pescando libremente en aguas canarias”, relata Martín.
Para delimitar las zonas en las que se permitiría la pesca submarina, el Ejecutivo regional necesitaba que el Estado acotara las aguas que no estaban bajo competencia autonómica. Así, tras elevar las resoluciones pertinentes, el Estado dictó un Real Decreto en 1984 –“dada la urgente necesidad de regular las distintas pesquerías que se desarrollan en el archipiélago canario”- para establecer las normas a las que debía ajustarse dicha actividad en el mar territorial español correspondiente a las Islas.
En total, se permite la pesca deportiva submarina en 32 zonas: 15 áreas ubicadas en aguas interiores, 13 en aguas exteriores y 4 en aguas mixtas.
El Gobierno de Canarias ha reconocido, tras una pregunta parlamentaria, que la delimitación de las zonas para la práctica de la pesca submarina solo pretendía no interferir en la práctica de la pesca profesional y, además, se hizo sin tener en cuenta “criterios de naturaleza científica”. En aquella respuesta también informaba de que después de la entrada en vigor de la Ley de Pesca de Canarias en 2003, resultó necesario actualizar las zonas para realizar dicha actividad; para tal fin, dictó otra orden en 2007 que obedecía a “los mismos criterios de concreción” de 1986.
El Gobierno central corroboró esta afirmación en 2017 tras una pregunta registrada en el Congreso, resaltando que en 1986 se priorizó “la necesidad de dictar medidas de ordenación que permitieran compatibilizar las distintas actividades pesqueras” antes que atender a “informes científicos”. Sin embargo, reconoció que dicha normativa obedecía a “una realidad de hace 30 años” y, por ello, recomendaba “ser adaptada a la coyuntura actual”.
Para ello, en octubre de 2017 la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias encargó un estudio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con la finalidad de obtener una visión científica ante la posibilidad de cambiar las zonas en las que se permite la pesca deportiva submarina.
En sus recomendaciones, la ULPGC establece la necesidad de “introducir cambios significativos en la regulación pesquera de recreo” dado “el aumento de practicantes” de esta modalidad. Por ello, en sus conclusiones considera que la práctica de esta actividad en todo el perímetro insular “no debe representar un impacto más significativo sobre el estado actual de los recursos, siempre y cuando se tomen medidas más exhaustivas de control”.
Además, una catalogación de las actividades pesqueras que más afectan al medio ambiente, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), establece que la pesca con lanza o arpón es la más sostenible con una puntuación de 8,4, siendo 10 la más favorable y 1 la más perjudicial. La pesca submarina “no tiene descarte, solamente se coge el pescado que se va a comer, no se pescan piezas pequeñas y no genera basura”, añade el presidente de ACPESUR.
La asociación especifica que esta limitación solo se da en Canarias, pues “en el resto de España los pescadores submarinos pueden realizar su actividad libremente dentro de las limitaciones que tiene cada autonomía”, por lo que considera “absurda” la normativa regional: “No tiene ninguna base en la que sustentarse más que las peticiones de los pescadores profesionales”.
“Al principio, la Consejería de Pesca nos decía que no tenían estudios y ahora que ya hay estudios sigue sin dar un paso para cambiar la normativa. El consejero dice que es necesario que se lo pida el Parlamento, cosa que no entendemos, porque si esa autoridad puso la norma, también tiene la misma capacidad para quitarla. Solamente hace falta su firma, no hay que votar, ni debe participar la Cámara. Simplemente redactaría una orden derogando lo que está en vigor y se solucionaría”, afirma Martín.
Por su parte, Orlando Umpiérrez, director general de Pesca de Canarias, ha reconocido que “la limitación que existe no es del todo justa”. La asociación se puso en contacto con su departamento y con el Parlamento regional desde el inicio de la legislatura y fue la Cámara la que mandató a la Dirección General de Pesca a realizar un estudio, que encargó a la ULPGC. “Ya lo hemos enviado a los grupos parlamentarios y se presentará en comisión o en un pleno, cuando se decidirá qué se va a hacer. También habría que coordinar la acción con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque tiene las competencias en las aguas exteriores”.
Umpiérrez reconoce que cuando el Gobierno pretende cambiar algo que tenga relación con el sector de la pesca y el mar “se genera bastante polémica” y “los diferentes sectores saltan unos sobre otros.” Por ello, “hemos pedido mucha calma y mucha cautela porque debemos actuar siempre sobre los informes científicos y con el mayor consenso posible”.