La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha planteado una revisión de los planes de gestión de los caladeros del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, Canarias y Mediterráneo para optimizar las posibilidades de pesca.
En su primera intervención en esta legislatura ante la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, ha mostrado la necesidad de desarrollar este trabajo para actualizar las disposiciones del caladero y continuar con el proceso de simplificación normativa.
El objetivo es aprovechar de forma óptima las posibilidades de pesca, mediante la redistribución temporal de las mismas, ha puntualizado.
En el caso del Mediterráneo, ha planteado la adopción de medidas de salvaguarda a través del Plan de Gestión, junto con el impulso de medidas para todos los estados ribereños, orientadas a la recuperación de esos recursos.
Según ha asegurado, la recuperación del atún rojo es “una realidad”, lo que llevará a defender “mayores posibilidades de pesca” en las decisiones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico y especies afines.
Asimismo, ha añadido que el Departamento defenderá un aumento de las posibilidades de pesca en “todos los caladeros” del mundo pero, “siempre”, en base a la “mejor información científica disponible”.
En su intervención, ha apostado por un sector cada vez más sostenible y competitivo, más generador de riqueza y empleo para consolidar el crecimiento y la estabilidad.
Para ello, ha incidido en la importancia de defender al sector en la aplicación de la prohibición de los descartes y la obligación de desembarque, de forma que suponga “el menor perjuicio posible” para la operatividad de las flotas.
En el ámbito estructural, para la mejora de la competitividad de la flota y la industria, ha explicado que se apoyará la constitución de las Organizaciones de Productores de la Pesca y la Acuicultura de carácter nacional y se trabajará para facilitar el acceso del sector pesquero a la financiación, mediante el impulso de los instrumentos financieros previstos en la normativa comunitaria.
Uno de los “pilares” de la política pesquera, será asimismo el control de la actividad, que se potenciará mediante la consolidación del sistema integral de inspección pesquera y la implantación de sistemas informáticos coordinados.
En esta línea, también se reforzará la posición de “liderazgo” que ha conseguido España en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para lo que se instará al resto de los países a que refuercen sus sistemas de control y se promoverá la aplicación armonizada de la normativa comunitaria en la UE.
La ministra ha valorado en su alocución la gestión política pesquera desarrollada por el Mapama en la última legislatura.
Unos años en los que, según la ministra, las posibilidades de pesca se han incrementado “prácticamente en un 100 %” en las especies “más importantes” para la flota española, como la merluza, el gallo o el jurel.
A su juicio, “todo ello” es “fruto” de una política del Gobierno basada en “un mejor asesoramiento científico, controles rigurosos y en defensa” de un aprovechamiento sostenible de los recursos, que se traduce en una mejora de la rentabilidad.