La vista oral del juicio por la mala gestión de los residuos en la isla de El Hierro en el que figuran como investigados los ex consejeros Javier Armas y Claribel González, la técnico de Medio Ambiente, Fabiola Ávila, y el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, arrancará el 29 de noviembre en Valverde.
La Fiscalía pide para los tres primeros las penas de 11 años de prisión, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros al considerarlos responsables de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.
Para Fernando Gutiérrez solicita la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, más una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios (6.000 euros) como responsable de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal.
La historia se inició con una denuncia de la asociación cultural Ossinissa en el año 2006 por la mala gestión del vertedero de La Dehesa, ubicado en el Espacio Natural Protegido Parque Rural Frontera; y del punto limpio de El Majano, donde se ejercía la actividad de apilamiento y enterramiento de vehículos. Tres años más tarde (2009) se añadió un tercero en la montaña La Cumbrecita.
El Juzgado ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por las partes acusadoras y la defensa para su práctica en el acto de juicio oral, de manera que tendrán que comparecer en el juicio en calidad de testigos los tres últimos presidentes del Cabildo de El Hierro: Tomás Padrón, Belén Allende y Alpidio Armas.
Este juicio llega en un mal momento para los nacionalistas herreños, divididos en dos mitades y con una guerra interna que se dejará notar en la vista. De hecho, son los propios técnicos y ex consejeros quienes han solicitado la comparencia de los ex presidentes del Cabildo, en un intento de delimitar claramente sus competencias para determinar exactamentes cuáles serían sus responsabilidades.
El Majano
El expediente recoge que el Seprona constató en 2012 que en El Majano había “una explanada de unos 14.000 metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización. En dicha superficie se está produciendo un almacenamiento de vehículos, que son recogidos por un camión grúas. Son depositados en el suelo, sin impermeabilización, produciéndose vertidos de los líquidos de éstos vehículos, los cuales son desguazados para retirar piezas para su posterior venta”.
La explotación carecía de licencia de apertura y de licencia de obras y clasificación territorial para el uso y la edificación. El 14 de noviembre del 2013 una comisión judicial procedió a realizar inspección ocular en la zona, observándose que se seguía con la actividad, de ahí que por auto judicial de fecha 19 de noviembre del 2013, dictado por el juzgado de instrucción 1 de Valverde, se acordara como medida cautelar la clausura del desguace de El Majano.
Contaminación en La Dehesa
Se trata de un vertedero ubicado en una cuenca situada entre dos montañas (Las Calcosas y Colorada) que conforma una ladera de escasa pendiente sobre la que se han venido depositando residuos en los últimos 15 años.
Las actividades que se desarrollan en el lugar afectan al menos a 10.000 metros cuadrados, clasificados como Suelo Rústico de Protección Natural. La Apmun pone de manifiesto que la totalidad de los suelos sobre los que se desarrollan las actividades son de elevada permeabilidad debido a la presencia de coladas basálticas y depósitos de ceniza volcánicas generadas por los innumerables conos que se distribuyen en el área.
El Ayuntamiento de Frontera emitió un informe concluyendo que la actividad desarrollada en La Dehesa está prohibida de acuerdo con el Plan General de Ordenación.
Daños irreversibles en La Cumbrecita
Tanto el Seprona como la Apmun certifican que desde 2007 se realizó una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización.
El suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística. Y “los tres acusados eran plenamente conocedores que el vertido comenzaba su actividad sin autorización ambiental y sin estudio básico de impacto medioambiental, permitiendo con sus omisiones que se vertieran residuos que atentan notablemente contra el medio ambiente, causando daños irreversibles”, se recoge en la denuncia de la Fiscalía.