La técnico acusada en el caso Vertederos pide que se llame a declarar al juicio a Belén Allende y a Alpidio Armas

La técnico de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro para la que la Fiscalía Provincial solicita las penas de 11 años de prisión, 4 de inhabilitación y multa de 19.800 euros por el caso Vertederos, Fabiola Ávila, ha presentado un escrito de defensa mostrando su “total disconformidad” con los hechos relatados por el Ministerio Fiscal y solicitando entre otras cosas la comparecencia durante el juicio del secretario de la corporación, Francisco Morales; y de los dos últimos presidentes, Alpidio Armas y Belén Allende.

El Ministerio Público la considera responsable de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.

Fabiola Ávila muestra su “total disconformidad” con los hechos relatados por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al entender que no “se ajustan a la realidad de lo sucedido y presentan ante el Juzgado la imagen de una conducta imprudentemente delictiva, por comisión u omisión de sus obligaciones más básicas”.

Sin embargo entiende que “ello no puede estar más alejado de la realidad de lo sucedido, tal y como quedará acreditado”, señala que es “una técnico sin capacidad ejecutiva, facultades de decisión o presupuestarias, cumplidora escrupulosa de sus obligaciones profesionales, incluso de las que pudieran ser conceptuadas de culpa levísima”.

Por otra parte apunta que “no ha existido el supuesto hecho delictivo, ni el daño al medio ambiente igualmente imputado. Los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna” por su parte, y “al no existir infracción penal, tampoco existe responsabilidad penal. Por lo que no procede imponer pena alguna”.

Fabiola Ávila aporta sendos informes periciales, elaborados por un ingeniero técnico de Obras Públicas, “a los efectos de acreditar que no ha existido una conducta delictiva”; y solicita al Juzgado que a su vez demande de las diferentes administraciones públicas canarias cerca de un centenar de documentos “a los efectos de acreditar la evolución de la situación de hecho y de la normativa reguladora del Complejo Ambiental de la Dehesa”; su conducta “respecto a la evolución del Complejo Ambiental La Dehesa” o “la inexistencia de daños ambientales en el Complejo Ambiental de La Dehesa”.

Entre ellos destacan algunas comunicaciones internas que la técnico hizo a Claribel González Ortega, consejera en su momento de Medio Ambiente y para quien la Fiscalía solicita las mismas penas antes mencionadas.

Finalmente, y a los efectos de acreditar sus obligaciones y responsabilidades laborales respecto a los hechos objeto de la causa, solicita que se remita oficio al Cabildo de El Hierro a fin de que expida y remita certificación acerca de su categoría profesional y de las obligaciones y responsabilidades que con cargo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o cualquier otra normativa interna le correspondiera asumir con respecto al Complejo Ambiental La Dehesa y la Zona de Almacenamiento Temporal de Residuos de Honduras.