La Asociación Eólica de Canarias (Aeolican) y la Asociación Canaria de Energías Renovables (Acer) llevarán este miércoles a Bruselas las últimas normas aprobadas por el Gobierno de España que regulan el mercado eléctrico canario y el autoconsumo energético, impulsadas por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo bajo el mando de José Manuel Soria hasta que dimitió. Sobre este último aspecto, advertirán a la Unión Europea (UE) sobre la restricción a la desalación con renovables.
De esta forma, ambas organizaciones amplían con los Reales Decretos 900 y 738 de 2015 la denuncia que interpusieron en febrero del pasado año ante la Comisión Europea (CE), en la que solicitaron a Bruselas que iniciara un procedimiento de incumplimiento contra el Gobierno de España por diversas vulneraciones del derecho europeo. Los colectivos entregaron entonces a la Dirección de Energía un documento de más de 300 folios elaborado por los abogados de Holtrop SLP, Transaction & Business Law, en el que reivindicaron la falta de una regulación específica eléctrica canaria que les permita competir en igualdad de condiciones con el resto de tecnologías.
Asimismo, trasladaron a la Comisión la necesidad de que intervenga debido a la lentitud de los procedimientos que se desarrollan a nivel nacional e hicieron hincapié en que las energías limpias “permiten ahorrar costes a todo el sistema español”. Lejos de aportar una solución a los requerimientos de los productores canarios, desde que se interpuso la denuncia ante la Comisión, el Ejecutivo central ha aprobado los mencionados decretos.
El presidente de Aeolican, Rafael Martell, señala que durante más de un año la CE ha solicitado información adicional sobre el texto presentado, por lo que considera que “se están tomando el asunto con cariño y lo están mirando bien”.
Según se desprende del escrito de ampliación de la denuncia al que ha tenido acceso Canarias Ahora, las organizaciones han trasladado a la Comisión el cambio de condiciones sufridas por las empresas que se dedican a desalar agua con renovables, que se han visto obligadas a optar por eliminar el autoconsumo y verter toda la energía a la red, o incrementar de forma “drástica y sin necesitarlo” la potencia contratada.
El empresario Jorge Morales de Labra dijo sobre este hecho que “el Gobierno nos obliga a volver a desalar agua con petróleo”, lo que hace que los costes se incrementen para el sector agrícola, que la utiliza para el riego.
De momento, Martell indica que esas empresas se mantienen en un “limbo” y han afrontado gastos para adaptar sus instalaciones, a la espera de que se apruebe una modificación que no ha llegado a asumir el Gobierno en funciones. Por este motivo, tanto Acer como Aeolican solicitan a la CE que actúe para abrir la puerta al cambio normativo.
Sobre el decreto que regula el procedimiento de despacho en los sistemas extrapeninsulares, lamentan que no subsana las “deficiencias y vulneraciones normativas” que derivan en que Canarias siga sin tener un mercado eléctrico propio o un sistema de libre competencia en el que las renovables compitan con el resto de tecnologías en igualdad de condiciones.
Especificidades canarias, tomando como base a la Península
El documento viene acompañado por un estudio elaborado por el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, Alberto Ceña, quien describe el impacto que ha tenido sobre el mercado canario el Real Decreto 738/2015. Al respecto, Martell precisa que dicho informe muestra cómo la normativa intenta diferenciar las especificidades canarias y reflejar un precio cercano a la realidad de las islas – donde la energía es más cara por la insularidad – aplicando un coeficiente al pool peninsular (el mercado mayorista de la electricidad).
Es decir, que la retribución a la generación se fija en función de criterios ajenos a los costes de las diferentes islas. “Sigue siendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, pero matizado”, apostilla Martell. Algo que notan especialmente los productores y grandes empresas.
Los costes de los pequeños consumidores, sin embargo, no se ven afectados por la medida, porque se acogen al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es el mecanismo de fijación de precios establecido por la Administración central desde el 1 de abril de 2014. Con esta metodología, el precio de la electricidad se calcula para cada día y hora en función del mercado diario de energía.
Discriminación a la eólica instalada
Martell señala que la denuncia trata de conseguir que deje de existir una discriminación hacia las renovables que sigue presente en el panorama canario. En este punto, sostiene que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha impulsado un cupo eólico que contará con una prima especial, pero eso solo afectará a “la eólica que va a venir”, porque “la que está ya instalada se encuentra discriminada, está a los pies de los caballos”.
Al respecto, puntualiza que la energía producida por los molinos que se ven en el sur de Gran Canaria, por ejemplo, cobran según el pool peninsular “sin nada más, sin primas, ni cupos, ni otra variable”. Estas instalaciones, añade, producen más ahorro y, sin embargo, sus costes de construcción y mantenimiento son más altos que en la Península.
Algo a lo que se podrían enfrentar también los futuros parques inscritos en el cupo eólico, puesto que la prima que el Gobierno planea darles se revisará a los tres años. “Por lo menos están avisados”, ironiza, porque “los que hicimos la inversión en el pasado no teníamos ni idea”.
Uno de los últimos decretos aprobados por el exministro Soria, sin embargo, permitió a Endesa esquivar el impuesto del 7% que las empresas generadoras de energía pagan sobre el valor de la producción (IVPEE) desde 2013 en aplicación de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
ACER y Aeolican indican que la potencia instalada en Canarias bajó de 3.195 Megavatios (MW) en 2013, a los 3.011 en 2015. En ese intervalo de tiempo y según se desprende de los datos aportados por Red Eléctrica de España (REE), solo se ha instalado en el Archipiélago 1MW más de energía eólica y otro más proveniente de la fotovoltaica, así como los 12MW de la central de Gorona del Viento en El Hierro.
Así pues, la penetración de las renovables para atender la demanda pasó del 7,6% al 8,3% en dos años, mientras que el ciclo combinado – más contaminante – creció del 35,2% al 36,9%; las turbinas de vapor bajaron del 29% al 25,6% y los motores diésel pasaron del 24,1% al 25,6%.
Pese a mostrar mejores resultados en este último aspecto, ambas asociaciones advierten de que la cifra se debe a una “mayor eolicidad” en 2015 respecto al 2013, ya que “la potencia instalada, como se ha visto, es prácticamente la misma”.
“Así, un año más, Canarias sigue en los últimos puestos en generación renovable, a pesar de ser uno de los territorios con mayor potencial eólico y fotovoltaico de España”.
Con la ampliación de la denuncia, Martell considera que las asociaciones no solo “avivan” el proceso, sino que además aportan nueva información que consideran “importante”.