El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Orduña aseguró este sábado que “la transparencia va camino de convertirse en un derecho constitucional” de los ciudadanos, ya que deben recibir una información veraz y comprensible, por eso especificó que la firma de un contrato, como los de compraventa, no equivale a que el cliente lo haya entendido ni sepa los riesgos que conllevan cláusulas “sorpresivas” que ni siquiera estaban estipuladas de forma clara.
Orduña es experto en las cláusulas suelos abusivas y de hecho participó en la sentencia que las anuló y emitió un voto particular en la línea de defender los derechos de los consumidores y pedir que los bancos devuelvan lo indebidamente cobrado sin límite temporal. Y no ha sido el único voto particular en fallos judiciales, ya que también lo hizo en otra sentencia en la que declaró que una cláusula era nula por falta de transparencia.
Y ha sido este principio, el de transparencia como nuevo valor del cambio social, el tema que centró este sábado su ponencia y que abrió las Jornadas sobre vivienda, hipotecas y abusos bancarios que organiza en Teror la Asociación de Afectados Hipoteca Norte Gran Canaria (Ahinor) con la financiación del Cabildo.
Y otro ejemplo claro de la falta de transparencia son las titulaciones o la venta que han hecho los bancos de las deudas hipotecarias a otros fondos. Por ese motivo, la magistrada de Castellón y experta en titulizaciones Carolina Castillo advirtió de que las entidades bancarias no pueden reclamar el impago de un crédito si no es el titular de la deuda porque esto conlleva que una causa judicial pueda archivarse, precisamente porque nadie puede pedir que le devuelvan algo que ya no le pertenece debido a que no está legitimado para hacerlo.
En este sentido, explicó que lo más importante es saber quién es el acreedor para conocer si quien lo reclama está legitimado y eso puede solicitarse en el Registro de la Propiedad porque desde 2015 los fondos pueden figurar como los titulares y entonces deben ser ellos los responsables de exigir lo adeudado y no el banco.
Los abusos que han cometido los bancos en la concesión de las hipotecas por falta de información también son palpables para los expertos en los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios, que son un tipo de Tasa Anual Equivalente (TAE) que suma varios conceptos. La letrada de Abogados Res Maite Ortiz explicó junto a José María Erauskin que los detalles que han dado las entidades a los consumidores han sido escasos y opacos, lo que ha conllevado que por desconocimiento un hipotecado termine pagando más intereses de lo que lo hubiera hecho, por ejemplo, si optaba por el Euribor.
Ortiz hizo también hincapié en otras cláusulas abusivas que perjudican al consumidor y llevan aparejadas un perjuicio económico, como las fianzas o avales que exigieron los bancos y que en muchas ocasiones han llevado a perder la vivienda hipotecada y también la que fue puesta como aval.
Las Jornadas sobre Abusos Bancarios también permitieron conocer hoy más detalles sobre una gran desconocida aún: La Ley de la segunda oportunidad para las personas, que permite al deudor hipotecario acogerse a una ley concursal, al igual que las empresas, para parar las ejecuciones y anular la deuda.
En este sentido, el magistrado de Barcelona Manuel Ruiz explicó que cuando entró en vigor en 2015 los juzgados esperaban una avalancha de peticiones, que, sin embargo, no se ha producido fundamentalmente por desconocimiento y también por la dificultad de acogerse debido a los requisitos que exige.
El encuentro inaugurado este viernes en las Casas Consistoriales de Teror por la consejera de Vivienda del Cabildo, Minerva Alonso, ha programado para su cierre las ponencias del juez Aarón Andueza para explicar los pormenores de los ficheros de morosos, mientras que el registrador de la propiedad de Bilbao Carlos Ballugera expone los mecanismos de reequilibrio en el contrato por adhesión. El economista y auditor Gonzalo Ascanio es el último ponente con la conferencia La pérdida económica en las hipotecas multidivisa.