La Fiscalía de Las Palmas ha logrado que otro de los casos de presunta corrupción sonados de Canarias durante la etapa triunfal de los gobiernos municipales del PP en Gran Canaria (2003-2007) se vaya quedando en algún cajón de los juzgados.
Es el denominado caso Góndola, que incluye una pieza separada en la que se investigan pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre otros un mitin de Mariano Rajoy en la localidad de Arguineguín, en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento de Mogán, presidido por el PP.
En la causa figuran imputados por diversos delitos de corrupción, entre otros, la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su antecesor, Francisco González, ambos dirigentes del Partido Popular local en el momento de los hechos, detenidos en enero de 2007 en el marco de la operación Góndola; además del propietario de la mercantil Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, actualmente cumpliendo condena de prisión por el mismo modus operandi en otro municipio de la isla, Telde, dentro del denominado caso Faycán.
Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza referente a Grupo Europa en Mogán al no entender la Fiscalía que haya algún tipo de relación entre una serie de eventos financiados por la inmobiliaria y la obtención de un concurso para construir vivienda pública, como sostuvo la Policía Nacional en su momento e hizo suyo la juez en el auto de procedimiento abreviado de mayo de 2016.
La medida decretada el jueves pasado por la juez decana, Luz Calvé, a petición del fiscal Jorge Pobre, no tiene vuelta de hoja al haber sido expulsada la asociación que ejercía la acusación popular desde 2016, sin tiempo material para cumplir con los plazos de recursos de reforma o apelación al auto de archivo, de 20 de abril.
En mayo de 2016 la magistrada admitió que el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, presidido por el que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sánchez Fornet, se personara en las actuaciones ante el estancamiento de la instrucción, decisión recurrida por las defensas.
En este último año, lejos de agilizar la investigación, que ya fue objeto de una grave polémica en 2013 al achacar la Fiscalía su lentitud al baile de jueces al frente de ese juzgado, el ministerio público no solo no formuló acusación o solicitud de archivo, sino que interesó la expulsión de la acción popular, que reclamaba de la jueza la documentación del caso para ejercer su acusación.
Así, diez meses después de la personación del Observatorio, el fiscal Jorge Pobre se opuso con el argumento de que la acción popular debía haber presentado querella para ejercer sus derechos, “única forma prevista por el legislador para llevarla a cabo”, respondiendo de inmediato, dos días después, a una providencia de la juez, que termina por expulsar a la asociación el 31 de marzo pasado mediante auto.
El Observatorio no solo ha recurrido esta expulsión a la Audiencia Provincial, sino otra similar en la pieza principal del caso Góndola, así como ha elevado quejas a la Inspección Fiscal en Madrid, acciones todavía sin respuesta.
Estas medidas no han impedido que el fiscal Jorge Pobre evacuara un informe el 1 de marzo pasado por el cual solicitaba el archivo de la pieza separada al entender que no existen pruebas para acusar a la actual alcaldesa y su antecesor en el cargo, aparte de otros imputados, de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.
En ese informe, decisivo para el archivo al ser la única acusación, el fiscal sostiene, entre otros argumentos, que no puede haber tráfico de influencias porque quien pagara los eventos municipales y del partido (un mitin de Mariano Rajoy, en diciembre de 2005; un concierto de Bebe en los carnavales de marzo, y otro de Miguel Ríos en las fiestas del Carmen de ese verano) fue, tal cual admitió el empresario, la promotora Grupo Europa. Y que la mercantil no vio recompensadas sus “inversiones” al anularse el contrato de adjudicación en 2006.
En su momento, el promotor Antón Marín reconoció, en relación al mitin de Rajoy y los conciertos, que los financió “para promocionarse, tal y como hizo en otros Ayuntamientos, como muchas empresas promocionan conciertos y carnavales” (sic). Así lo recoge el fiscal, que no ve conexión alguna de esa “inversión” con “el cobro de facturas infladas” para recuperar el dinero ya adjudicado el contrato. Y todo porque esas facturas no se llegaron a pagar por parte del ayuntamiento.
El fiscal entiende que el hecho de financiar una empresa privada “a favor de los vecinos del municipio de Mogán de dos conciertos y de un mitin del líder de un partido político” (sic) se deben considerar “actos preparatorios impunes” por no verle encaje en el delito de tráfico de influencias, “siendo así que la causalidad de los eventos celebrados por Grupo Europa” (sic) “y las resoluciones que dan lugar a la adjudicación del concurso público” carece de “soporte probatorio”.
El ministerio público también abunda en que no hubo prevaricación al adjudicar el concurso de promoción de vivienda pública a Grupo Europa, “toda vez que la tramitación quedó interrumpida declarando nulos sus trámites resolviéndose el contrato supuestamente amañado y adjudicado irregularmente antes de la incoación de las diligencias previas en el año 2006, por incumplir las condiciones favorables al Ayuntamiento, no constando la entrega de dádivas o promesas para resolver en un sentido u otro el concurso […] sin que pueda por tanto afirmarse que los pagos realizados lo fueron como contraprestación de una irregular adjudicación de un contrato público”.
2006: el año de los escándalos de corrupción del PP
Justo por aquellas fechas de la resolución del contrato en Mogán, 20 de noviembre de 2006, casos de corrupción paralelos en gobiernos municipales del PP estaban a la orden del día, como el Faycán de Telde, desatado el 1 de marzo de ese año con la detención de la concejal ya fallecida, Toñi Torres, y que en ese mes de noviembre entraba en su tercera tanda de apresamientos, con el alcalde de la localidad, Paco Valido y todo su grupo del PP, enviado a los calabozos el 7 de noviembre.
En paralelo, en Mogán la Policía Nacional y el entonces juez instructor José Alexis Reyes seguían los pasos del alcalde, Francisco González, y su mano derecha y ahora enemiga irreconciliable, Onalia Bueno, hasta el punto de captar conversaciones en las que la actual alcaldesa -que abandonó el PP y le ganó las elecciones en 2015 a González bajo las siglas locales de Ciudadanos por el Cambio- extremaba precauciones con su alcalde, en referencia a Grupo Europa.
“¿Has visto lo que pone el Top Secret de CanariasAhora sobre Grupo Europa?”, le llegó a preguntar González a Bueno en los primeros días de noviembre, cuando ya este periódico estaba sobre la pista de que algo olía a podrido en la política de promoción de viviendas sociales de varios gobiernos municipales del PP. A ellos accedía Grupo Europa a través del actual senador y entonces portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, como quedó acreditado en el juicio de la pieza separada relativa al municipio de Telde, sin que se condenara al entonces aforado autonómico y sí al resto de acusados.
“¡Te he dicho que de esas cosas no me hables por teléfono!”, le replicó alterada Onalia Bueno a Francisco González al ser cuestionado por Grupo Europa, mercantil con la que ya en noviembre de 2006 tenían graves diferencias y apuntaba a convertirse en un lastre por las pesquisas policiales que depararon en mayo de 2007 en la apertura de estas piezas separadas en Telde y Mogán.
En el escrito del fiscal Jorge Pobre que da carpetazo a la investigación de aquel famoso mitin de Mariano Rajoy durante el Puente de la Inmaculada Concepción de 2005, tampoco se atisba la malversación de fondos públicos porque los pagos de esos actos corrieron a cargo de Grupo Europa y el fiscal dice no tener constancia de que del ayuntamiento saliera dinero o patrimonio alguno en contraprestación. Aunque en el negocio fallido de la promoción de viviendas sociales de Telde y Mogán, el municipio aportaba suelo público de manera gratuita.