Un mitin de Mariano Rajoy y unos conciertos del rockero Miguel Ríos y de la extremeña Bebe están en estos momentos sobre la mesa de una juez de San Bartolomé de Tirajana (sur de Gran Canaria), que acaba de dictar auto de procedimiento abreviado contra el exalcalde del municipio de Mogán, del Partido Popular, y contra su sustituta, entonces en el mismo partido y ahora integrada en una formación local, Ciuca. Tras diez años de instrucción, las investigaciones delatan que esos tres actos fueron pagados por una constructora especializada en la construcción de viviendas de protección oficial a la que presuntamente se le hizo un concurso a la medida, como ya ocurriera en otro municipio emblemático de la corrupción del PP, la ciudad de Telde.
El mitin de Mariano Rajoy se celebró en la localidad de Arguineguín en el puente de diciembre 2005 y fue pagado por la cooperativa Grupo Europa. Según la instrucción, ese acto del Partido Popular, en el que además de Rajoy, entonces líder de la oposición, intervino José Manuel Soria, costó 16.000 euros, y fue pagado íntegramente por Grupo Europa.
Los conciertos de Miguel Ríos, en julio de 2005, y de Bebe, en marzo del mismo año, costaron 30.000 y 22.000 euros, respectivamente. El Ayuntamiento obsequiaba a sus vecinos con actividades culturales que en realidad eran cubiertas por una empresa a la que se otorgaban contratos de manera sospechosa.
Mogán es un municipio muy cercano a Mariano Rajoy. En la urbanización turística de Puerto Rico tiene un apartamento su padre, y en él residió durante mucho tiempo hasta que su estado de salud aconsejó al presidente del Gobierno en funciones trasladarlo a vivir en el complejo de La Moncloa.
La titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Luz Calvé, ha dictado auto de transformación de la instrucción en procedimiento abreviado y ha otorgado diez días de plazo a las partes personadas para formular sus escritos de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa.
En la trama están imputados desde 2007, entre otros, los dos últimos alcaldes de Mogán, Francisco González (PP) y Onalia Bueno (ex PP, ahora Ciuca), así como el propietario de Grupo Europa, José Antonio Antón Marín, condenado en la rama del caso que afectó a Telde, otro municipio gobernado en la época (2003-2007) por el PP, cuyo tronco principal, el caso Faycán, está pendiente de juicio.
Al procedimiento abierto hace diez años se ha incorporado recientemente el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, impulsado por el que fuera secretario federal del sindicato policial SUP, Sánchez Fornet, que ejerce la acción popular a través del abogado Ismael Rodríguez.
Los delitos investigados a políticos, técnicos y empresarios son prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos públicos, sin que entre los encartados figure quien sí ejerció de relaciones públicas de la constructora, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez Pérez, juzgado y único absuelto por el Tribunal Superior de Justicia canario en la rama de Telde. Su absolución fue firmada por el ahora presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, en el que fue el ultimo juicio que presidió antes de dar el salto a Madrid.
La instrucción del caso Grupo Europa en Mogán, directamente derivado del denunciado en Telde, se centra en el amaño de un concurso de asistencia técnica por parte de la constructora madrileña para promover viviendas sociales en el municipio, objetivo que pretendía extender a ayuntamientos gobernados por el PP en la isla. Indica el auto, fechado el 20 de mayo, que para ello se falseó, con las características y pautas marcadas por Antón Marín, las condiciones del concurso y se adaptó el mismo al procedimiento de contratación cuyas características marcó previamente Grupo Europa.
Según la denuncia original del exgerente de la empresa, Francisco Cambreleng, y las pesquisas policiales y judiciales posteriores, el concurso fue así precocinado y adjudicado irregularmente, y como contraprestación la mercantil asumió una serie de gastos del PP local y del ayuntamiento, entre ellos un mitin de Rajoy, y conciertos de Miguel Ríos o de Bebe en las fiestas veraniegas.
Estos pagos los contabilizaba Antón Marín en partidas contables de “denominación genérica”, según explica la juez Luz Calvé en el auto, para su ocultación y cobro o bien los inflaba fraudulentamente en otros gastos o servicios relacionados directamente con los proyectos a desarrollar.
Onalia Bueno anuncia que recurrirá
En el auto se aclara que el pliego de condiciones fue previamente entregado por José Manuel Antón a responsables del Ayuntamiento, en concreto a la por entonces primera teniente de alcalde y encargada de la gestión de las áreas de Presidencia, Vivienda, Política Social y Calidad de los Servicios y Educación y hoy alcaldesa del municipio, Onalia Bueno.
Tanto Onalia Bueno, como el por entonces primer edil Francisco González (ambos en el PP en el momento de los hechos), tuvieron “pleno conocimiento de todos los pagos irregulares realizados para facilitar el amaño del concurso de asistencia técnica para adoptarlo a las solicitudes de gestión de Cooperativas Europa”.
En declaraciones a Canarias Ahora, la alcaldesa Onalia Bueno (lidera la plataforma Ciuca tras ser apartada en 2007 de las listas electorales del PP por órdenes de José Manuel Soria, no así al entonces alcalde, Paco González) ha anunciado que va a recurrir este auto y ha recordado que esta es “la única causa que me queda de las ocho” en las que ha estado imputada, dentro del denominado caso Góndola, en el que Grupo Europa es una pieza separada.
“Siempre me he manifestado y nunca me he escondido en que la causa que me quedaba era en relación al Grupo Europa. Más que hablar de corrupción urbanística este tema es administrativo” recalcó la líder de Ciuca Mogán, quien apuntó que este contrato se resolvió y nunca se le pagó un euro.
Por su parte, la concejala en la oposición Isabel Santiago, de Nueva Canarias, ha solicitado la dimisión de Bueno por la contundencia de los hechos puesto de manifiesto en el auto. “No dejan lugar a dudas, se utilizó el dinero público para financiar conciertos y el mitin de Mariano Rajoy en Mogán, todo ello con un marcado interés político y electoral. Así como que se podría haber amañado un concurso público para beneficiar a una empresa. Hechos estos que llevan a pedir que la alcaldesa asuma su responsabilidad política y dimita”, subrayó Santiago.
“Las imputaciones que mantiene la alcaldesa ponen de manifiesto entre muchas cosas, que la denuncia que dio origen al caso Góndola ni era producto de una conspiración ni falsa, todos los hechos apuntan a quien es la actual alcaldesa, junto al resto de imputados, como responsable de la presunta comisión de delitos cometidos en el marco de sus responsabilidades públicas”, concluyó Santiago.