Las defensas de los imputados en el “caso Grupo Europa” han vuelto este jueves a intentar desacreditar el trabajo policial sobre la supuesta trama de corrupción urbanística en Telde y los motivos del denunciante, durante el interrogatorio que han realizado al coordinador de la investigación.
El segundo día de declaración del inspector policial que dirigió el caso ante la Sala que lo juzga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha servido para que el abogado del empleado del Ayuntamiento de Telde acusado de cobrar comisiones ilegales José Luis Mena ironizara en sus preguntas sobre “lo objetiva que ha sido la Brigada de Investigación”.
Este letrado ha recriminado al policía que se guiara por un informe del arquitecto municipal Benedicto Padrón que rechazaba la posibilidad de construir viviendas en unas determinadas parcelas y no por otro con la tesis contraria que un tiempo después emitió el mismo técnico.
“Para lo que interesa sí vale su opinión y para lo que no interesa, no”, ha afirmado al respecto el representante legal de José Luis Mena, acusado de cometer irregularidades valiéndose de su cargo de jefe de los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde.
Su defensor ha cuestionado también la credibilidad que por parte de la Policía se ha concedido a las declaraciones del principal denunciante de este caso, el también imputado Francisco José Benítez Cambreleng, quien destapó la presunta trama de corrupción al dejar de ser gerente de la empresa Gestión de Cooperativas Europa (GCE).
Benítez Cambreleng denunció que, para conseguir contratos en los ayuntamientos, GCE compró voluntades de empleados públicos y cargos políticos, entre los que señaló al diputado del PP Jorge Rodríguez, acusado en este juicio de tráfico de influencias.
Como han hecho los abogados de casi todos los acusados, el letrado de Mena ha resaltado el hecho de que Benítez Cambreleng también habría participado, conforme a sus propios testimonios, en los presuntos negocios ilícitos de la sociedad para la que trabajaba, que solo denunció una vez que perdió su puesto de gerente de la misma.
En esa línea, ha llegado a especular con el hecho de que él mismo podría ser el destinatario de una de las comisiones ilegales que se da por hecho que pagó a los participantes en la trama Gestión de Cooperativas Europa, a partir de una anotación recogida en una libreta intervenida a una de las supuestas implicadas en el caso en que se indicaba que se había hecho un pago a un tal “Paco”.
Desde esa hipótesis, el letrado ha planteado incluso que Benítez Cambreleng podría haberse apropiado del dinero que afirma que se abonó en comisiones ilegales a Mena y a otros imputados, señalándoles luego a ellos para eludir su culpabilidad.
Y ha apuntado, como un eventual elemento probatorio de esa teoría, a la existencia de un dossier elaborado por orden del propietario de la empresa y principal imputado en el caso, José Manuel Antón, en el que se aseguraba que el exgerente se había apropiado de fondos de la sociedad y que, por ello, estaba previsto presentar una querella en su contra.
En la misma argumentación ha coincidido el defensor del gerente de la sociedad del Ayuntamiento de Telde dedicada a actuaciones urbanísticas Urvitel, Juan Carlos Saavedra, quien ha subrayado la importancia que, a su entender, debió dársele en la instrucción de esta causa -y no se le dio- al dossier en el que se cuestionaba a Benítez Cambreleng.
El denunciante estaría todavía trabajando bajo las órdenes de José Manuel Antón cuando supuestamente se cometieron las ilegalidades de las que acusó al empresario, lo que implicaría que sería cómplice de esos delitos, ha añadido este abogado, que ha recalcado que respalda ese parecer el hecho de que finalmente el denunciante haya acabado siendo también imputado por el juez que instruyó el caso.
En ese contexto, el letrado ha aprovechado para expresar dudas sobre la actuación del propio policía que investigó el asunto, como han hecho también otros varios defensores de los imputados, tratando de poner en cuestión incluso que su proceder se ajustara al ordenamiento jurídico, al preguntarle si parte de los documentos que empleó en el caso no podrían tener procedencia ilícita.
Todo ello en un contexto en el que se ha intentado sugerir que el inspector actuó influido por afinidades partidistas que le habrían llevado a tratar de perjudicar al PP, como ya ocurriera en la jornada del juicio de ayer.
Algo que hoy ha tratado de dejar entrever, por ejemplo, el defensor de otro imputado, el empleado del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde Pedro Pablo Santana, al sugerir que se había dado prioridad a “las partes más políticas de la investigación” en lugar de a un presunto “pelotazo” de Benítez Cambreleng, lo cual ha negado el inspector.