El diputado del PP Jorge Rodríguez ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una sentencia “libre, independiente y justa” en el caso Grupo Europa, en el que el se enfrenta a una posible condena de un año y ocho meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias.
En su derecho a la última palabra la sesión que ha cerrado un juicio que se inició en enero, Rodríguez ha reiterado su inocencia y se ha quejado de que ya ha sido sentenciado “mediáticamente”, sentir que comparten también otros cinco de los acusados, salvo el denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng.
Las defensas de los procesados -el empresario José Manuel Antón, el diputado Rodríguez y técnicos y funcionarios municipales- reclaman su absolución en este proceso, que juzga el supuesto pago de comisiones ilegales para conseguir contratos de construcción de viviendas sociales en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria).
El político del PP ha considerado que el “daño ya está hecho” y ha expresado su convencimiento de que, en los siete años que ha durado el proceso, no se perseguía un hecho supuestamente delictivo sino a una persona (en referencia a sí mismo). Jorge Rodríguez ha dicho que se ha querido ejecutar “un asesinato de su imagen” y terminar con su “vida personal, familiar, política y económica, con la máxima general de la patraña y del todo vale”.
Por eso, ha añadido que este juicio le ha supuesto “un alivio y la posibilidad de conocer directamente, de primera mano y sin intoxicación alguna”, lo que se ha pretendido de él.
Según el parlamentario popular, las diligencias y los informes policiales del proceso, a partir de la colaboración “cómplice y canalla” del gerente del Grupo Europa en Canarias (el acusado Benítez Cambreleng), para emprender un “linchamiento organizado y meticuloso” contra su persona, están “plagados de errores y falsedades, son parciales e interesados”. De hecho, los ha calificado de “novelas”.
Rodríguez además ha dicho que no tiene indicio ni elemento alguno para dudar de la honorabilidad del resto de los acusados que se han sentado en el banquillo en las quince sesiones que se han celebrado desde que comenzara la vista, el 17 de enero.
Antón, contra la manipulación policial
El empresario José Manuel Antón, que se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, también ha defendido ante el tribunal durante más de hora y media su inocencia y la supuesta culpabilidad del denunciante, que sostiene que le robó más de dos millones de euros, pero cuya prueba incriminatoria afirma que ha desaparecido del sumario.
Antón ha afirmado también que ha sido juzgado sin que se le haya permitido aportar pruebas y testigos para defenderse en la causa, que, a su juicio, se inició a partir de una denuncia que se sabía que era “falsa”, pero con la que se ha conseguido lo que se buscaba, procesar a un diputado y que testificaran una concejala y un alcalde, todos ellos del PP.
El empresario ha dicho también que la “Policía ha manipulado y falsificado pruebas”, entre ellas, las “fabricadas” para imputar a Rodríguez, de quien asegura que trabajó para él como abogado, “y muy bueno”, y que no influyó como político para su beneficio.
En la sesión de este viernes, el abogado que defiende al entonces gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, ha manifestado que tiene la “certeza” de que el delito de prevaricación que se le imputa a su defendido (al que también se le acusa de cohecho y de delitos contra el mercado y a los consumidores y falsedad) se introdujo de manera artificial para evitar que la causa la juzgara un Jurado popular, lo que hubiese sido “más garantista”.
Las defensas han reclamado que, en caso de una sentencia condenatoria, se aplique la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, a la que se opone el fiscal Anticorrupción Luis del Río, quien mantiene las penas para todos los acusados, salvo la del denunciante, que la ha reducido a la mitad por entender que el delito que cometió de cohecho fue como cómplice y no como cooperador necesario como en principio, le acusó.
Una vez que se dicte sentencia, el presidente del TSJC, José Ramón Navarro, abandonará su actual cargo para asumir la presidencia de la Audiencia Nacional.