Los dos ex directores generales del Instituto Canario de Formación de Empleo (Icfem) acusados de delitos continuados de prevaricación han defendido este viernes su gestión entre 1995 y 1999, y han asegurado que ellos reforzaron la labor de control de los fondos destinados a la formación.
Los acusados Francisco Almeida y Diego León, al igual que el exconsejero de Empleo regional Víctor Díaz, han alegado ante la Audiencia de Las Palmas que, además, están “tranquilos” porque la supuesta ilegalidad de la que les acusa el fiscal anticorrupción Luis del Río ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en el ámbito contencioso administrativo.
Ambos ex directores generales han negado que sean ciertos los cargos que les imputa el fiscal, y sostienen, al igual que Díaz, que se equivoca en su interpretación de los hechos.
Según el fiscal, fueron numerosas las arbitrariedades en las que supuestamente incurrieron en esos años al distribuir entre sindicatos y organizaciones empresariales fondos públicos destinados a actividades formativas y de inserción laboral, mediante contratos programa, en su mayoría, y también en convenios de colaboración.
Almeida ha señalado al tribunal que, en el escaso tiempo que estuvo como director del Icfem, entre julio de 1995 y junio de 1996, solo dictó dos resoluciones relacionadas con los contratos programa, cuestionadas por el fiscal, y logró que se dotara de plazas al instituto para reforzar las acciones de control.
Francisco Almeida ha negado también conocer los informes de la letrada habilitada del Icfem, con fecha del 29 de diciembre de 1995, que aludían a irregularidades detectadas en contratos programa que él y el exconsejero firmaron ese mismo día, pues ha dicho que tuvo conocimiento de su contenido un mes más tarde, en enero.
En la sesión de hoy, en la que continuó la declaración del exconsejero Víctor Díaz, éste se ha negado a contestar las preguntas formuladas por la acción popular que ejerce el colectivo de Justicia y Sociedad.
Díaz, a quien también se le acusa de un delito continuado de prevaricación, ha explicado al tribunal que nadie le advirtió de que cometiera ninguna ilegalidad en relación al reparto de estos fondos.
Además, ha afirmado que todas las resoluciones que adoptó como presidente del Icfem entre 1995 y 1999 fueron previamente autorizadas por el consejo de administración y el Consejo de Gobierno, y que las adendas que se introdujeron en los contratos fueron propuestas por las comisiones mixtas creadas para su control.
León, que estuvo a cargo del instituto entre 1999 y 2003 y que se defiende a sí mismo en el juicio, ha manifestado que, “por fortuna”, toda su actuación está documentada en la causa, además de “enjuiciada en la vertiente administrativa” .
Así mismo, ha dicho que remitió más de una quincena de denuncias a la Fiscalía por las anomalías que se detectaron en los contratos programa a partir de controles de oficio de la administración, y que estas se acompañaron de los expedientes para solicitar el reintegro de las ayudas.
Estas denuncias, que aporta en su documentación, recogían “temas graves” y se referían a contratos cuya cuantía ascendía en un caso a 80 millones de pesetas (480.809 euros). Sin embargo, o bien fueron archivadas por la Fiscalía o no fueron tramitadas, según ha tenido conocimiento, aunque no ha sido informado al respecto.
Las entidades favorecidas por estas ayudas concedidas de manera irregular, según el fiscal, fueron la Asociación de las Pequeñas Empresas de Economía Social, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Además, figuran como destinatarias la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación para la Promoción del Empleo y Formación Profesional y Movimiento Cooperativista, UGT, la Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de la Alimentación de Las Palmas, el centro de Formación Steinger y la cadena hotelera Riu.