Los peritos de la Fiscalía en el caso Icfem han defendido este martes que subcontratar contratos programa de formación era “ilegal”, criterio que no comparte la Intervención del Gobierno canario, que por ello no exigió la devolución de ayudas por posibles defectos de ese tipo.
El perito Rubén Clemente de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción ha asegurado que la legislación sobre esa prohibición era “clara”, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra dos ex directores del Icfem (Instituto Canario de Formación y Empleo) y un exconsejero de Empleo.
Clemente ha considerado además que los gestores del Instituto eran “conscientes” de esa prohibición, y ha discrepado también con la Intervención de la Comunidad, en cuanto a la irregularidad que entiende que se cometió en la concesión de subvenciones que se otorgaron con posterioridad a la celebración de cursos por centros que, además, en algunos casos, se desconocía si estaban homologados para ello.
El perito de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que elaboró el informe en el que se apoya la acusación pública, a preguntas de la defensa ha señalado desconocer dos notas de la unidad, anteriores a su informe, en las que no se aprecia delito en la gestión de los fondos del Icfem.
Estas notas fueron emitida en 1998, año en el que Clemente ha dicho que aún no formaba parte de la citada unidad.
A juicio de este perito, de las irregularidades advertidas, el “caso más sangrante” es el de la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación (Forecan), organismo que ha afirmado que se creó “cuatro días antes” de aprobar el decreto 198/1994 que reguló las acciones de la formación profesional ocupacional, y además fue “la segunda entidad en importancia” en obtener subvenciones para cursos que después subcontrató.
De esta fundación, entre otras cuestiones, ha señalado que se le reclamó el reintegro de una subvención específica que se le destinó para impartir cursos de informática, que subcontrató a una empresa que puso de “pantalla” y que tenía como objeto social la venta de muebles y de equipos informáticos, según Clemente.
La perita de la Intervención de la Comunidad Autónoma, María del Pino Martínez, ha sostenido ante el tribunal que la prohibición de la subcontratación no afectaba al momento de la concesión de la subvención.
Así mismo, ha dicho que ninguno de los expedientes de reintegro que se iniciaron desde la Intervención General de la Comunidad Autónoma se emprendieron por irregularidades en la subcontratación, sino por las numerosas y distintas anomalías que advirtieron en las justificaciones de las subvenciones.
Esta perito ha recordado que en el año 2011 estaban aún pendientes de justificar 10,5 millones de euros de subvenciones concedidas entre 1993 y 1998 por parte beneficiarios de cursos de formación, 8,2 millones otorgados por el Icfem y el resto por la Consejería de Educación para formación.
Así mismo, a preguntas del abogado de la acusación popular, ha dicho que existen resoluciones para el reintegro de estas subvenciones por importe de 7.043.000 euros, si bien desconoce si finalmente se han cobrado, a lo que el tribunal ha recordado que este no era el objeto de la pericia porque no se imputa a los acusados un delito de malversación de fondos.
En esta sesión también han declarado tres peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano que advirtió numerosas irregularidades en la gestión del Icfem entre los años 1993 y 1997 en un informe que fue archivado por el Tribunal de Cuentas del Estado, tras analizar las alegaciones que se emitieron del mismo.