El empresario Fernando Becerra Robayna, imputado en el caso Unión por un presunto delito de cohecho, ofreció al parecer al actual secretario general del PSOE de Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, compartir una comisión ilegal a cambio de “desbloquear” el desarrollo del proyecto urbanístico Costa Roja, situado en Playa Blanca, Yaiza, y denunciado por la Corporación insular.
Así figura en el sumario del caso Unión, que consta de más de 10.000 folios, al que tuvo acceso este lunes Efe y cuyo secreto fue levantado parcialmente el pasado viernes día 11 por el magistrado César Romero Panparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife.
La Guardia Civil considera en su informe que Fernando Becerra, que fue detenido y permaneció en prisión por esta causa “no es más que un mero intermediario” del empresario y abogado lanzaroteño Luis Lleó, promotor de la urbanización Costa Roja.
Lleó, que también está imputado en este caso y abandonó la prisión el pasado fin de semana tras permanecer interno varios meses, proyectaba en Costa Roja la construcción de más de mil viviendas en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
El consejero del Cabildo Carlos Espino denunció el 4 de junio de 2008 ante la Guardia Civil “haber sido objeto de un ofrecimiento de pago de comisiones ilegales a través de Fernando Becerra para favorecer los intereses inmobiliarios de Luis Lleó, en cuyo nombre decía siempre hablar”.
Espino aportó en su denuncia ante la Guardia Civil una grabación que él mismo realizó a Fernando Becerra durante una de las conversaciones mantenidas entre ambos.
En el sumario se recoge que Becerra le indicó a Espino que el desbloqueo del proyecto Costa Roja podría consistir en “dejar transcurrir determinado plazo para emitir un informe vinculante”, en cuyo caso, y por silencio administrativo, el informe se entendería en sentido positivo y propuso una eventual retirada de la demanda administrativa o querella penal ya presentadas.
Para ello, Becerra propone a Espino tomar como base de esa hipotética retirada de los pleitos judiciales algún informe jurídico que argumentara que el procedimiento (interpuestos por el Cabildo contra el proyecto de Costa Roja) tenía “escasas perspectivas de éxito”.
Como compensación por el desbloqueo del proyecto urbanístico, Becerra ofreció al consejero del Cabildo un 2.5% de los beneficios que resultasen de la venta del suelo una vez desarrollado.
Becerra cifró el valor de la venta en unos 3.000 millones de las antiguas pesetas (unos 18 millones de euros) en base a una oferta de compra que al parecer ya sería firme.
Según consta en los autos, Becerra explicó incluso a Espino el procedimiento para hacerle llegar el dinero de la supuesta comisión ilegal que le ofreció.
Según el informe elaborado por la Guardia Civil, Becerra asumiría el papel de testaferro de Espino de tal manera que en su propio nombre o utilizando alguna de sus sociedades adquiriría el 5% de las participaciones sociales de alguna de la empresa de Luis Lleó, que sería la beneficiaria de la venta de los terreno.
Posteriormente, Becerra vendería a Carlos Espino la mitad de las participaciones así adquiridas, es decir el 2,5%, pero esta vez mediante contrato privado, que en su momento sería elevado a público, lo que garantizaría la llegada del dinero.
Según consta en una grabación incorporada al sumario, Fernando Becerra se permite incluso detallar cómo se llevaría a cabo el pago final, aludiendo que se haría en alguna cuenta bancaria, pero no de España, sino de Suiza.