La gestión de la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) ha vuelto a centrar el foco de atención en las últimas semanas. Tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento capitalino a abonar 6,6 millones de euros por el saneamiento se han unido las críticas de la concejala de Ciudadanos (C’s) Beatriz Correas ante el hecho de que se haya aprobado un expediente de modificación de crédito para abonar a la empresa 14,5 millones de euros.
El primer teniente de alcalde de la ciudad y concejal de Urbanismo, Javier Doreste (LPGC Puede), justifica esta medida por el hecho de que van a llegar otras dos sentencias más por impago del saneamiento, que suponen casi 15 millones de euros para las arcas municipales. Por ello, han negociado con la empresa para evitar el incremento de este pago por los costos judiciales. Además, defiende que si la anterior Corporación, en la que Juan José Cardona (PP) era alcalde, no estaba de acuerdo con el contrato de saneamiento tenía que haberlo denunciado y no dejar de pagarlo, como se hizo.
La decisión no termina de convencer a miembros de la oposición, como Ciudadanos, que al igual que un ciudadano particular y la asociación El sol sale para todos, han decidido presentar alegaciones al respecto, por lo que la concejala Beatriz Correas advierte de que se deben dar explicaciones y sostiene que este mes “el agua de la ciudad va hervir”.
Correas indica que para hacer un expediente de modificación de crédito debe aportarse justificación documental y señala que en este sólo se adjunta la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar el saneamiento desde enero de 2013 a abril de 2014. Por ello, insiste en que esta no obliga al Consistorio a abonar las facturas hasta diciembre de 2015 (los 14,5 millones de euros) y, por lo tanto, “no está justificado” dicho expediente.
La concejala espera que se tengan en cuenta sus alegaciones ya que en el anterior pleno asegura que fue imposible elevar las reclamaciones con anterioridad, debido a que no dispuso del tiempo requerido entre la recepción de la documentación y la celebración del pleno.
Distintas interpretaciones de la sentencia
La obligación de pagar a Emalsa 6,6 millones de euros se hacía pública en febrero de este año. La justicia condenaba al consistorio por impago del saneamiento desde el año 2013. Días después, el Gobierno municipal anunciaba que sus servicios jurídicos le recomendaban no recurrir la sentencia para ahorrarse así los intereses de demora y más costos judiciales.
Tanto la concejala de Ciudadanos como el portavoz de la asociación cívica El Sol Sale para Todos, Óscar Bermejo, desaprueban esta decisión del Ayuntamiento. Ambos indican que se debió recurrir alegando las irregularidades en el servicio y apuntan que no se llamó a declarar ni al exinterventor ni a ningún otro testigo. Correas puntualiza, en este sentido, que fue una defensa “débil”.
Además, explican que la sentencia fue favorable a Emalsa parcialmente, ya que la empresa pide tener derecho a cobrar presentando una factura por los servicios prestados, pero lo que se reconoce es que se debe abonar la cantidad fija anual acordada en el contrato hasta esa fecha precisa (abril de 2014).
La concejala aclara que cuando firmas como concejal una factura que no tienes justificada eso se llama “prevaricación” y asegura que eso “le asusta”. “Yo lo que haría si fuera alcaldesa es ir a intervención con el tocho de facturas y con la sentencia y no permitiría que las firme nadie. Al firmar la factura estás haciendo válido el contrato y ahí no tienes donde rascar ”, afirma.
Informes del interventor frente al de KPMG
El contrato de Saneamiento con Emalsa se fraguó en 1998 con José Manuel Soria como alcalde de la ciudad. En este, según explica el actual teniente de alcalde, se acordó que este servicio costaría de forma anual casi 4,5 millones de euros, hiciera lo que hiciese, por lo que indica que este se gestionó mal desde el inicio. No obstante, insiste en que con la firma de este contrato las facturas hay que pagarlas.
En la anterior Corporación, el alcalde Juan José Cardona ordenó que se efectuara una intervención en la empresa. Los informes del entonces interventor Rafael Bolívar pusieron de manifiesto una serie de irregularidades con el saneamiento, prestado por la filial Sercanarias. Por ello, el ahora concejal del PP explica que dejó de pagar este servicio, pero, además ha denunciado ante la Fiscalía a la actual Corporación por “obviar” estos informes y decir que son una “farsa”.
A la Fiscalía también ha acudido Ciudadanos, poniendo en conocimiento del Ministerio Público una serie de documentos e información que ha recopilado con diferentes irregularidades en este servicio.
El actual Gobierno municipal, por su parte, asegura que estos informes sí que se han tenido en cuenta, pero al igual que el de la consultora KPMG, que según adelantó el actual alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se trata de un documento que refleja los principales puntos de conflictividad en Emalsa, en los últimos 20 años. Además, en marzo de este año demostró que había sido encargado en el anterior mandato.
El contrato con Sercanarias, lleno de irregularidades
El quinto informe del interventor Rafael Bolívar concluía que “la relación contractual Emalsa-Ayuntamiento no defiende eficazmente el interés general”. También sacaba a la luz una serie de irregularidades en el contrato de saneamiento y apuntaba a la filial Sercanarias.
El interventor exponía que se había encontrado con trabas a la hora de acceder a la información que permita acreditar los servicios prestados en este contrato, también errores de bulto en su base cartográfica que limitan su “utilidad como herramienta de diagnosis, planificación y gestión”.
Emalsa, a través de su subcontrata, tampoco ha confeccionado balances hidráulicos, lo que limita la evaluación del funcionamiento del sistema de saneamiento o diagnosticar la causa de las limitaciones de las depuradoras. A su vez, se constata el abandono de la limpieza programada de la red de saneamiento.
Otro incumplimiento enumerado en el quinto informe de intervención es la obligación de mantenimiento de los emisarios submarinos o el déficit en el mantenimiento de las galerías de servicio. Del mismo modo, se incumple el contrato de depuración, ya que el agua residual vertida al mar sin depurar desde el año 1998 asciende a 117 millones de metros cúbicos frente a 171 millones de metros cúbicos de aguas depuradas.
Sercanarias, vetada en el próximo contrato de saneamientovetada en el próximo contrato de saneamiento
La intervención dejaba constancia de que la subcontratación con Sercanarias se había hecho de forma irregular ya que realiza la mayor parte de las funciones de saneamiento.
El Gobierno municipal ya ha anunciado que los socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza) han aceptado rescindir el contrato con Sercanarias y que de cara al próximo, del que se espera que haya novedades antes de finalizar el año, esta empresa no pueda presentarse al concurso.
Javier Doreste asegura que se trata de un paso más en la intención de mejorar la gestión de esta empresa de aguas. Considera que, a partir de este nuevo contrato del que se están elaborando los pliegos, mejore dicha gestión.
No obstante, la concejala de Ciudadanos también se mantiene crítica en este punto, en tanto que señala que la mayor parte del dinero que se paga a Sercanarias no se destina al saneamiento y que esta empresa se dedica a otras funciones dentro de Emalsa.
Este no es el único frente abierto en Emalsa, aún está pendiente la causa contra 15 directivos en la que la asociación El Sol sale para todos ha pedido personarse como acusación popular.