Emalsa recurre la instrucción penal contra 15 de sus ejecutivos por un supuesto delito societario y pide su archivo

La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) ha recurrido el auto dictado por el instructor del procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de lo Penal Número 6 de la capital grancanaria contra 15 de sus ejecutivos por un supuesto delito societario pudiendo su archivo.

Así lo ha informado la compañía en un comunicado en el que agrega que pide a través del recurso la nulidad de dicho auto, por el que se acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de juicio oral.

De igual modo, Emalsa ha denunciado “la manipulación de la que ha venido siendo objeto por parte de la instrucción artificialmente alargada durante los últimos cinco años y sometida la buena imagen de sus gestores al descrédito público”.

Además, ha hecho especial hincapié en que la instrucción no ha podido constatar, “por inexistente”, quebranto económico alguno para la empresa, “y menos aún para el interés público, como recoge el referido auto del juez instructor”.

“Por el contrario, cuantas auditorias e informes periciales a los que se ha sometido la gestión de Emalsa, y que en su resolución el juez instructor ignora, evidencian que no existe perjuicio económico alguno”, ha incidido Emalsa.

También agregó que “ante el perjuicio que el procedimiento abreviado acordado por el juez instructor ha originado a la buena imagen de los ejecutivos de Emalsa por ella afectados”, las defensas entienden que la resolución recurrida “bien podría haberse dictado al día siguiente de haberse acordado la instrucción de las diligencias previas, esto es, el 25 de octubre de 2013, sin necesidad de invertir cinco largos años en instrucción”.

Para la compañía, dicha afirmación sustenta en el hecho de que el instructor, en su auto, plasma un relato de hechos que “constituye la simple reproducción literal de la denuncia inicial de la Fiscalía”, sin mención a las diligencias practicadas durante cinco años que, agregó, “no han hecho más que constatar la irrelevancia penal de los hechos investigados”.

Además, Emalsa ha agregado que el auto del instructor asegura que “se desprenden indicios de la posible existencia de un delito societario” en las diversas operaciones que habrían sido analizadas.

“Y ello -prosiguió la compañía- pese a conocer que en la auditoria que realizó Auren, en 2013, en la que se basan estos indicios, lo que se señalaba era justamente lo contrario, al afirmar que en el proceso de contratación de obras y servicios entre Emalsa y Sercanarias no apreciaba indicios de quebranto patrimonial para Emalsa”.

Con todo, la empresa ha resaltado que el auto recurrido, que transforma lo instruido en juicio oral, “se limita única y exclusivamente a reproducir simple y literalmente pasajes enteros de la denuncia inicial de la Fiscalía, sin hacer mención alguna al contenido y resultado de las diligencias de investigación practicadas durante cinco años y, por ende, el instructor no permite conocer a las partes cuáles son las razones que le llevan a dictar la resolución transformadora”.

Por último, Emalsa ha destacado que no puede hablarse de responsabilidad criminal sin determinar la participación de los investigados en las conductas objeto de denunciada “y, mucho menos, sin la acreditación de la existencia de perjuicio patrimonial concreto”.