El juez ve indicios de fraude societario en Emalsa y abre juicio oral

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, ha decretado la transformación de las diligencias previas por el caso Emalsa en procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral. El magistrado aprecia indicios de fraude societario y administración desleal por parte de los socios privados de la empresa mixta de aguas de la capital grancanaria.

El auto, que ha sido dictado este viernes, según ha informado Canarias 7, da por finalizada la instrucción de la causa y abre el plazo de diez días para que tanto la fiscal Evangelina Ríos, especializada en delitos económicos, como la acusación popular formulen los correspondientes escritos de calificación.

En total son quince las personas que han sido investigadas, entre directivos y técnicos de la empresa mixta. Los hechos se remontan al año 2007 y se prolongan hasta 2011, cuatro años antes de que diera comienzo la instrucción de la causa tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por Juan José Cardona (Partido Popular), entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y ampliada posteriormente por la concejala de Ciudadanos en el Consistorio capitalino, Beatriz Correas, y por la asociación El sol sale para todos, cuyo portavoz es Óscar Bermejo, quien trabajó muy ligado a la intervención realizada el pasado mandato por el funcionario Rafael Bolívar.

Las pesquisas se han centrado en una veintena de contratos de Emalsa. Uno de ellos, el alquiler de la sede en el Centro Comercial Las Ramblas a la empresa Satocan, cuyo presidente, Juan Miguel Sanjuán, era, a su vez, miembro del Consejo de Administración de Emalsa a través de uno de sus socios privados, Valoriza-Sacyr. El foco se centra en el elevado coste del alquiler por tres plantas del edificio, que estuvo dos años sin ser ocupado y en el que, en la actualidad, solo se utilizan dos de ellas.

El resto de contratos bajo sospecha tiene un denominador común, la empresa Sercanarias, a través de la cual los socios privados de Emalsa (Valoriza-Sacyr y Saur, sociedad esta última que recientemente se ha quedado con la totalidad de la parte privada, el 66%) subcontrataban los servicios sin respetar los procedimientos de contratación previstos en la ley y en los propios estatutos de Emalsa, operaciones que, a juicio del magistrado instructor, podrían haber ocasionado un importante perjuicio al interés general.