La magistrada que está llamada a dirigir el Ministerio de Justicia si Podemos gobierna tras las elecciones de diciembre, Victoria Rosell, denuncia que la ley ha sido muy dura “con el pobre” y muy difícil de aplicar “al delito económico y la corrupción”, como puede atestiguar por experiencia.
“No es que como juez haya sentido que iba dos pasos por detrás del presunto corrupto... Es que he sentido que iba persiguiendo con un carro de caballos del siglo XIX un Ferrari de corrupción del siglo XXI”, asegura en una en una entrevista con Efe Rosell, quien considera que ni el Gobierno actual ni otros anteriores han tenido “voluntad política” para combatir este tipo de delincuencia.
Candidata por la provincia de Las Palmas, la exportavoz nacional de Jueces para la Democracia sostiene que contra la corrupción “hay que luchar con hechos, no con palabras”, y presume de tener muy claras cuáles serían las primeras medidas que tomaría al respecto de tener responsabilidades de Gobierno a partir de diciembre.
Entre ellas, cita implantar un modelo de Policía Judicial cuyos miembros “no dependan de la administración investigada” y no piensen “que sus ascensos o sus próximos destinos dependen de otra autoridad diferente a la del juez que les pide que investiguen”.
También aboga por atacar a la corrupción en los flujos económicos que genera, una estrategia que considera “esencial” y a la que sí observa que se está recurriendo para combatir al terrorismo.
“Con ese terrorismo ahora sí está saliendo el tema de parar los flujos financieros. Pero es que los recorridos son los mismos, la delincuencia organizada internacional utiliza los mismos flujos para el tráfico de drogas, de personas o de armas y para financiar el terrorismo. Contar con medios solo favorece a la Justicia y solo perjudica al delincuente”, argumenta.
Sin embargo, Rosell insiste en que la Policía y el Código Penal son el último eslabón de la cadena. Antes, echa en falta más compromiso de los partidos políticos con organismos de control de todo tipo donde están presentes y que no han funcionado.
“Me refiero a organismos como el Tribunal de Cuentas que, en vez de control de la contabilidad, ha hecho historia de la contabilidad, porque venía con informes cuatro y cinco años después, a punto de prescribir incluso las conductas presuntamente delictivas. Pero también al FROB, a la Comisión de Mercado de Valores, a los consejos de administración de las cajas de ahorro...”, añade.
Y sobre todo, subraya, se necesita “muchísima transparencia”. De hecho, ella se declara partidaria, entre otras medias, de que los medios de comunicación tengan acceso a todos los contratos que firma la administración, “porque en cada territorio cada uno sí que sabe quién es el adjudicatario, sí que conoce si hay ventajas, si hay una situación de monopolio en la práctica”.
Desde su condición de candidata no afiliada, Rosell coincide con Podemos en otra de las causas de las que el partido de Pablo Iglesias ha hecho bandera: los desahucios.
En este caso, critica que las medidas que se han tomado en los últimos años para tratar un fenómeno que ha conmocionado a la sociedad española durante la crisis han sido “verdadero maquillaje”, porque muchas de ellas eran de aplicación voluntaria para los bancos, “meros códigos de buena conducta”, pero no leyes.
“Habría que haber aprobado una ley de segunda oportunidad para las familias que se han endeudado no por segundas ni por terceras viviendas, sino por su primera vivienda y por causas que no les son imputables, como haberse quedado sin empleo”, defiende.
Victoria Rosell es, junto con el general Julio José Rodríguez, uno de los “fichajes” más sonados de Podemos en esta campaña, aunque a ella no le gusta esa etiqueta (“también nos han llamado notables, será que no llegamos a sobresalientes”, bromea).
En su caso, dice que no ha percibido ningún tipo de rechazo por encabezar, por decisión de la dirección, una candidatura para la que ya se habían celebrado primarias. Incluso apunta que ella llegó a Podemos, en parte, a través de la ganadora de esas primarias en Las Palmas, Meri Pita, histórica sindicalista en la función pública.
Rosell desconoce los motivos por los que otras incorporaciones “sonadas”, como José Manuel Gómez Benítez o Javier Pérez Royo han renunciado finalmente a ir en las listas, pero está segura de que “van a seguir en el ámbito de Podemos, apoyando con su sabiduría”.
Lo mismo que no se siente “fichaje”, tampoco admite que le cuelguen a Podemos el cartel de “antisistema”. Cuando se le pregunta al respecto, cita de corrido el artículo 1 de la Constitución y recuerda que España se define como “un estado democrático, social y derecho, que propugna los valores fundamentales de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
“Ese es nuestro sistema, ese es nuestro marco. Los antisistema son los que van en contra de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El bipartidismo es antisistema. La ley que favorece a las minorías es antisistema. Y las políticas contrarias a la igualdad también”, sentencia.
Rosell pretende contribuir al programa de Podemos, además, con su experiencia en el campo de la inmigración (durante años, ha sido juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, de Gran Canaria, cuyas deficiencias ha denunciado reiteradamente).
En este sentido, lamenta que se haya asumido “de manera acrítica” que se puede privar de libertad a una persona que no ha cometido delito alguno, sino solo un ilícito administrativo, “muchas veces de manera sobrevenida, porque entró en España con papeles, tuvo permiso de residencia y de trabajo y lo perdió por la crisis”.
“Hay alternativas. Pero, mientras, no se le priva de ver el sol, de hacer la compra, de lo más básico del ser humano. Los CIE son espacios en los que no solo hay privaciones de libertad, hay privaciones de derechos mucho más grandes”, remarca.