El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes un decreto con el que se autoriza la construcción de establecimientos turísticos de todas las categorías pero siempre que estén vinculados a la rehabilitación, condición que deben cumplir también los de cinco estrellas y superior.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha explicado, tras una reunión extraordinaria del Ejecutivo, que con este decreto se quiere clarificar la situación creada tras el recurso que el Ejecutivo central ha presentado a los apartados a y c del artículo 4.2 de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
El Boletín Oficial de Estado ha publicado este viernes la resolución del Alto Tribunal que ha suspendido la vigencia de esos apartados, que supeditaba la construcción de nuevos establecimientos turísticos a la rehabilitación a excepción de los de cinco estrellas o superior.
Con el decreto aprobado este viernes, el Gobierno canario, según ha explicado Martín Marrero, elimina esa excepción con los establecimientos de cinco estrellas o superior y aclara que queda suspendida cualquier licencia que no esté relacionada con la rehabilitación.
“Error garrafal” del Estado
El portavoz del Gobierno de Canarias ha indicado que el decreto aprobado da certeza y seguridad jurídica a los inversores y a las administraciones públicas frente al “error garrafal” que en su opinión ha cometido el Ejecutivo central al presentar el recurso de inconstitucionalidad.
Marrero ha señalado que la ley no está afectada por el recurso y ha aseverado que el Gobierno canario garantiza la continuidad del proceso de renovación turística de Canarias, ya que la decisión del Tribunal Constitucional no interfiere en las actuaciones en dicho ámbito.
El portavoz ha expresado su sorpresa porque al Gobierno de Canarias no le ha llegado notificación alguna del Tribunal Constitución, y la primera notificación oficial que ha conocido ha sido la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial del Estado.
En cuanto sea notificada la decisión judicial, el Gobierno de Canarias tendrá quince días para realizar alegaciones sobre el fondo del asunto y el Tribunal Constitución deberá pronunciarse en un período máximo de cinco meses sobre la continuidad o no de la suspensión cautelar de los artículos recurridos.
Marrero ha comentado que el tiempo en el que estará en vigor el decreto será en principio el mismo que estén suspendidos los apartados recurridos.
El Ministerio de Industria, Turismo y Energía pretendía una cosa con el decreto y ha conseguido lo contrario, ha dicho Marrero, quién ha precisado que no tiene constancia de cuantos proyectos de hoteles de cinco estrellas o superior de nueva construcción quedarán afectados por el decreto.
Ha afirmado que las dudas “son el peor enemigo de las inversiones” y ha subrayado que hasta este viernes han recibido llamadas de posibles inversores para que se clarificara la situación que se ha creado tras la suspensión de los dos apartados.
“Cuesta entender la metedura de pata del Gobierno central” ha aseverado Marrero, quién ha señalado que las negociaciones con el Ejecutivo español las interrumpió de forma unilateral el ministro de Turismo, José Manuel Soria, y “cuando uno no quiere, el otro no puede”, ha agregado.