El Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, advirtió este miércoles de que la flexibilización de la Ley de Renovación y Modernización Turística no debe confundirse en ningún caso como una “barra libre” para construir nuevos hoteles de cuatro estrellas.
Rivero contestó así a la diputada del PP Australia Navarro, quien, para dar seguridad jurídica a los inversores, reclamó al Gobierno la aprobación de un régimen transitorio sobre los criterios de calidad y eficiencia energética que deben cumplir los nuevos hoteles de menos de cinco estrellas en tanto se aprueba la flexibilización de la Ley turística.
El presidente respondió que cualquiera puede edificar todos los hoteles de cuatro estrellas que quiera siempre que sean proyectos de renovación y rehabilitación.
Pero las nuevas construcciones en suelo clasificado estarán condicionadas a unos criterios de calidad que se desarrollarán en un reglamento solamente después de que el Parlamento canario apruebe la modificación de la Ley turística, aclaró.
Rivero afirmó que el Gobierno de Canarias “es un obstáculo a la especulación” y al “todo vale” porque defiende “la sostenibilidad” y el equilibrio entre la actividad económica y la preservación de la naturaleza.
Por eso no hay que confundir la flexibilización de los criterios legales para nuevos hoteles de menos de cinco estrellas con la “barra libre” para la especulación.
Australia Navarro consideró que en tanto se reforma la ley y se aprueba el reglamento que defina los criterios de calidad y eficiencia energética de los nuevos hoteles de menos de cinco estrellas deberían aprobarse unas normas transitorias para dar seguridad jurídica y que los inversores sepan a qué atenerse en sus proyectos.
“Bastaría con definir las condiciones de calidad y eficiencia energética”, dijo la representante del PP, quien se preguntó si lo que se pretende es obstaculizar los nuevos hoteles de cuatro estrellas “aumentando las exigencias por encima de las que se exigen a los de cinco estrellas”.
Navarro insistió en que hace falta un régimen transitorio que ofrezca certeza jurídica para que los inversores se sientan seguros con sus proyectos.