El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pedirá al Gobierno regional que compense a la ciudad y al resto de los municipios de las islas por el fraude del padrón de Santa Cruz de Tenerife, que considera que le ha ocasionado la pérdida de cinco millones de euros desde el año 1996.
Así lo anunciado este viernes el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona (PP), tras conocer que la Fiscalía ha archivado la investigación que había abierto tras descubrirse que el padrón de Santa Cruz de Tenerife había incluido durante años a 15.000 habitantes que, en realidad, no existían.
Cardona ha asegurado que analizar esta problemática es siempre “desagradable”, porque se refiere a “unos hechos sobre los que un fiscal dice que hay indicios delictivos, pero no puede perseguirlos sencillamente por el tiempo transcurrido”.
Si la Fiscalía establece esa conclusión y no desvirtúa la realidad de los hechos, argumenta el alcalde, es que “el fraude se ha producido” y, en consecuencia, Las Palmas de Gran Canaria tiene “todo el derecho y la legitimidad, por mucho que se moleste el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, para defender sus derechos”.
“Durante los quince últimos años, Las Palmas de Gran Canaria se ha visto perjudicada como consecuencia de que Santa Cruz de Tenerife ha estado recibiendo un dinero que no le correspondía por su censo municipal”, ha subrayado el dirigente popular.
Cardona ha destacado que este hecho es una realidad objetiva que nadie ha desmentido y que, a partir de ahí, no busca culpables o responsables, ya que corresponde a la Justicia poner en marcha los mecanismos necesarios, si se pueden determinar responsabilidades.
El alcalde de la capital grancanaria sí pide al Gobierno regional, “que tiene que velar por que el reparto del dinero público que gestiona y administra se haga de forma justa y equitativa entre todos los municipios de las islas”, una actitud “vigilante” y que “compense” en los próximos ejercicios al resto de municipios del dinero que durante años han recibido de menos.
“La compensación debe ser proporcional al dinero que los consistorios han dejado de recibir durante estos años como consecuencia de una acción claramente fraudulenta, que, si bien no se puede determinar a sus responsables, eso no significa que los hechos hayan sido lo suficientemente graves como para que no se pida un acto de justicia”, ha subrayado.
Cardona ha opinado que los aspectos jurídicos para hacer valer esta pretensión son “complicados y difíciles de materializar”, porque los censos en cuestión no han sido anulados y, en la medida que no haya un acto que se pueda considerar ilegal, “no se puede, en consecuencia, solicitar la reclamación correspondiente”.
Por lo tanto, el alcalde ha añadido que debe ser el Gobierno de Canarias el que, consciente del daño generado a los municipios por un reparto injusto, compense a estos en los próximos ejercicios con el dinero que han dejado de percibir.
Juan José Cardona ha destacado que, si el fiscal considera que el tiempo transcurrido imposibilita la detección de los responsables, “esa prescripción paraliza cualquier pretensión de exigencia de responsabilidad penal”.
Con todo, más allá de esta responsabilidad, “lo que se trasluce de las conclusiones del fiscal es que los hechos no han sido desvirtuados, ya que entiende que hay indicios para pensar que ahí se produjo un fraude”.
Las Palmas de Gran Canaria ha cuantificado que el dinero que ha dejado de percibir en 5 millones de euros. “No son cuatro perras y, aunque hubieran sido así, como puede ser para otros municipios más pequeños, no se puede convivir en una comunidad autónoma donde se produce este tipo de situaciones”, ha señalado.
“Este fraude tengo que denunciarlo”, ha dicho Cardona, quien reclama el restablecimiento de la “confianza”, algo que le corresponde al Gobierno de Canarias, que “es el que reparte los fondos entre todos los municipios de las islas”.