El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles la interposición de denuncias penales contra las autoridades y funcionarios responsables de una supuesta arbitrariedad en la autorización de prospecciones petrolíferas en estas Islas, mientras se descartan en el Mediterráneo.
Rivero ha hecho este anuncio tras conocerse el lunes que un informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desaconseja las prospecciones sísmicas de la petrolera Cairn Energy en el Golfo de Valencia por su potencial afección negativa a la fauna marina de la zona.
En el caso de Canarias, todos los informes medioambientales han resultado favorables a las prospecciones autorizadas a Repsol, en una actuación que según el Gobierno de Canarias es arbitraria y por tanto susceptible de tener consecuencias penales.
El ejecutivo autonómico actuará contra las autoridades y funcionarios que han intervenido en los expedientes, para lo que contratará “un asesor externo”, ya que los servicios jurídicos del Gobierno canario carecen de penalistas.
Rivero adelantó que el penalista que se va a contratar, cuya identidad no quiso desvelar de momento, es un prestigioso jurista, exfiscal y exmagistrado de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo.
El presidente canario recordó que hace tiempo que advierte de que se está “cocinando” un informe medioambiental negativo respecto a las prospecciones en aguas cercanas a Málaga, Valencia y Baleares para evitar problemas políticos al PP, que gobierna en esos territorios, mientras se autorizan los sondeos en Canarias pese a los riesgos medioambientales.
El informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre el Golfo de Valencia es previo al informe definitivo de impacto ambiental, que, según el presidente canario, se va a retrasar para después de las elecciones de mayo para que “esta discriminación” a Canarias no tenga efectos electorales contra el PP.
Rivero consideró que la relación del regulador (en alusión al Ministerio de Industria) es “menos intensa” con Cairn Energy que con Repsol, empresa que, aunque se paralicen los sondeos de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como ha pedido el ejecutivo regional, “ya ha hecho su negocio”, según el presidente canario.
“Encuentre o no petróleo, Repsol ya ha hecho negocio”, dijo Rivero, debido a la rebaja en el Impuesto de Sociedades a la petrolera aprobada por el Gobierno de España y a la indemnización a la petrolera a la que tendría que hacer frente el Gobierno de España si los tribunales paralizan los sondeos.
Rivero afirmó que tanto el presidente de Repsol como los de Caixa Bank y de Sacyr, principales accionistas de la petrolera, le han manifestado que no tienen interés en las prospecciones canarias y que las realizan “por presiones del regulador”.
El presidente aseguró que a falta de que el penalista se haga cargo de la denuncia, los servicios jurídicos autonómicos coinciden en que ha habido decisiones arbitrarias en los expedientes de prospecciones en el Golfo de Valencia y de Canarias.
En concreto, mientras para el Mediterráneo se desaconseja la actividad a partir de invocaciones genéricas a la protección del medioambiente, en Canarias se hace propia la versión de Repsol de que no hay afecciones.
En Canarias, según el ejecutivo autonómico, se minimizan los efectos de los sondeos sobre la fauna marina, pero en el caso de Baleares sirven para desaconsejarlos, a pesar de que en las aguas canarias hay 29 especies de cetáceos y en las aguas baleares hay once.